Tribunal Constitucional

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 2331 del Código Civil. El precepto legal establece que: "Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entonces…

estimaron que la eventual declaración de inaplicabilidad solicitada por las requirentes no puede tener el efecto que se le atribuye en el libelo, consistente en la eliminación de los topes del monto del subsidio, motivo por el cual concurre, en la especie, la causal de inadmisibilidad del numeral 5 del artículo 84 de la LOCTC, al no resultar decisiva la aplicación del precepto cuya aplicación se impugna.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso 1° del artículo 247 del Código Procesal Penal.El precepto legal impugnado dispone, en lo impugnado, lo siguiente: "Plazo para el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo de dos desde años desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla".La…

Se solicito declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 4° del Decreto Ley N° 3.621, que fija normas sobre Colegios Profesionales.El precepto legal impugnado dispone: "Toda persona que fuere afectada por un acto desdoroso, abusivo o contrario a la ética, cometido por un profesional en el ejercicio de su profesión, podrá recurrir a los Tribunales de Justicia en…

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso 2° artículo 374 bis del Código Penal. La norma impugnada dispone: “El que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio”. La gestión judicial pendiente es…

El tribunal requirente estima que la aplicación del precepto impugnado afecta las garantías constitucionales de las partes de la gestión, en particular, la igualdad ante la ley, al establecer cargas probatorias más gravosas para los matrimonios contraídos con posterioridad a la vigencia ...

ha determinado que el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto adolece de vicios o defectos tales que hacen imposible que pueda prosperar, siendo, así, impertinente que la Sala respectiva efectúe un examen previo de admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de la acción deducida

el Tribunal Constitucional sólo ha sido autorizado por la Carta Fundamental para efectuar el control de constitucionalidad concreto de los preceptos legales objetados y, por consiguiente, no ha sido llamado a resolver sobre la aplicación e interpretación de normas legales, cuestión que, de conformidad a la amplia jurisprudencia recaída en requerimientos de inaplicabilidad, es de competencia de los jueces del fondo”

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes, quien estuvo por declarar inadmisible el presente requerimiento por considerar que envuelve un problema de mera legalidad: resorte exclusivo del juez del fondo.

Los antecedentes examinados permiten concluir que se dio cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución Política, en relación con lo previsto en el artículo 84 de la LOCTC, toda vez que el precepto legal impugnado podría resultar decisivo en la gestión judicial; la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada

Se dio cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución Política, en relación con lo previsto en el artículo 84 de la LOCTC, toda vez que el precepto legal impugnado podría resultar decisivo en la gestión judicial; la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada; y que no concurre, en la especie, ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 84 de la LOCTC.

debía declararse inaplicable el artículo 470 del Código del Trabajo, por cuanto el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional habría declarado inadmisibles las excepciones de “exceso de avalúo” y de “nulidad de la obligación”, por no encontrarse contempladas en dicha disposición legal, vulnerando con ello el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la defensa, como integrante del derecho al debido proceso, del requirente.

se tiene presente lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el proceso Rol Nº 1852, en el cual declaró la inaplicabilidad de una norma de similares características, contenida en el artículo 26 bis del Código del Trabajo, estimando que la aplicación de la norma cuestionada podría vulnerar las garantías constitucionales de la parte demandante, en específico, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y la justa retribución.

el precepto legal contraría el derecho de acceso a la justicia, toda vez que la concesionaria debe pagar el monto de la compensación para ejercer acciones judiciales, sin haber discutido en forma previa la procedencia del derecho al pago de la compensación; y el debido proceso, ya que no se garantizan ni la previa audiencia ni la presunción de inocencia del presunto responsable.

no se vulnera el Estado Unitario, toda vez que éste –y recurriendo a los autores Verdugo, Pfeffer y Nogueira– “significa reconocer que el Estado chileno tiene un solo centro de impulsión política, que está dado por los órganos del gobierno central; sólo el Gobierno y el Congreso desarrollan la función legislativa, no hay ningún otro organismo que tenga competencia legislativa”.

En su presentación, el juez requirente tiene presente lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el proceso Rol Nº 1852, en el cual declaró la inaplicabilidad de una norma de similares características, contenida en el artículo 26 bis del Código del Trabajo, estimando que la aplicación de la norma cuestionada podría vulnerar las garantías constitucionales de la parte demandante, en específico, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y la justa retribución.

En su presentación, el juez requirente señala que la aplicación de la norma cuestionada podría vulnerar las garantías constitucionales de la parte demandante, en específico la de la igualdad ante la ley, en tanto se establece una diferencia de trato para quién percibe pensiones por accidentes del trabajo, en función de si se encuentra o no afiliado a una AFP.

El actor estima que de aplicarse la preceptiva impugnada se vulneran sus garantías constitucionales, en específico las de la igualdad ante la ley, las del derecho de propiedad, toda vez que su inscripción se encontraría cancelada por el solo ministerio de la ley al amparo de dichas normas.

El requirente estima que la aplicación de la preceptiva impugnada se vulnera garantías constitucionales, en específico las de la igualdad ante la ley, además del artículo quinto de la Carta Fundamental, en relación al derecho a la identidad asegurado en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la medida que se restringe sólo a los casos del artículo 206 la posibilidad de demandar a los herederos.

El actor estima que de aplicarse la preceptiva impugnada se violan la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, el derecho a la igual protección en el ejercicio de los derechos y las garantías del derecho de propiedad, al permitirse un quebrantamiento de la normativa sobre administración del convenio concursal y al desconocerse la prelación de créditos.

debe considerarse que como lo ha señalado reiteradamente esta Magistratura, la acción de inaplicabilidad dice relación con el examen concreto de si un determinado precepto legal invocado en una gestión judicial pendiente y correctamente interpretado producirá efectos o resultados contrarios a la Constitución. Así, explicitando este punto, se ha fallado que “la decisión jurisdiccional de esta Magistratura ha de recaer en la conformidad o contrariedad con la Constitución que la aplicación del precepto impugnado pueda tener en un caso concreto y no necesariamente en su contradicción abstracta y u

El tribunal requirente estimaba que la aplicación del precepto impugnado afecta las garantías constitucionales de las partes de la gestión, en específico la de la igualdad ante la ley, al establecer cargas probatorias más gravosas para los matrimonios contraídos con posterioridad a la vigencia de la precitada ley.

La parte requirente estima que la aplicación de la norma cuestionada afecta sus garantías constitucionales, en específico, sus derechos a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el derecho al recurso y la igualdad ante la ley, en la medida que solicitará la exclusión de prueba y que no podrá apelar de lo resuelto, cosa que el ente persecutor sí podrá impugnar.

Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento, la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado por el término de diez días a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El requirente estima que de aplicársele las normas impugnadas se vulnera el principio de reserva legal en materia penal, el cual exige que la ley describa expresa y determinadamente la conducta punitiva; como también por el hecho que se deja entregado al Ejecutivo la descripción de las conductas punitivas mediante reglamentos. Asimismo, cita una serie de jurisprudencia del TC y votos disidentes contenidos en los procesos roles Nºs. 468 y 781.

"respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas", en la media que la preceptiva impugnada discrimina el derecho a demandar por parte de los hijos en función de la entrada en vigencia de una ley.

Estima que de aplicársele la norma impugnada se podría vulnerar las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su justa retribución, e igualmente el artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece un conjunto de garantías sobre protección de las remuneraciones y del descanso de los trabajadores.

La acción constitucional se encuentra en estado de relación, con vista pendiente de la causa.

En el caso del precepto del Código Penal, aduce el requirente que se transgrede el artículo 19 N° 5° de la Carta Fundamental, sobre el debido proceso, por cuanto los sentenciadores rechazaron aplicar la denominada “media prescripción”, aduciendo que el ilícito investigado –estafa– es del año 2005 y los nuevos delitos son del año 2006, por lo que se pierde todo el tiempo transcurrido.

Frente a esta decisión administrativa, los requirentes interpusieron recurso de reposición, reconsideración y modificación, el cual fue rechazado. Ante esta situación los requirentes dedujeron acción de protección en contra de la decisión original del órgano administrativo, el que se encuentra en estado de relación, con vista pendiente de la causa.