Ley de Transparencia

Estableció que el principio de transparencia se aplica solo a categorías específicas de información vinculadas a la función administrativa, y que no puede entenderse como un mandato de publicidad absoluta respecto de todos los antecedentes que obran en poder de los órganos del Estado.

El Consejo para la Transparencia abrió una consulta pública inédita sobre sus nuevas recomendaciones de gestión documental, con el fin de fortalecer la transparencia activa y mejorar el acceso a la información en la Administración del Estado. La iniciativa busca recoger aportes ciudadanos y preparar a los organismos públicos para la digitalización obligatoria que deberá completarse antes de 2027.

El Consejo para la Transparencia ha triplicado en cuatro años las investigaciones sumarias por infracciones a la Ley de Transparencia, con un fuerte enfoque en municipios, servicios de salud y otras entidades públicas, evidenciando deficiencias estructurales en la gestión de la información y la cultura de transparencia en el Estado.

El Consejo para la Transparencia dio a conocer los antecedentes entregados por el Servicio de Impuestos Internos sobre el procedimiento de determinación del avalúo fiscal de bienes raíces no agrícolas. Este proceso, que impacta directamente en el cálculo de contribuciones, se realiza cada cuatro años y considera datos de mercado, tasaciones y análisis técnico territorial.

El organismo determinó que los antecedentes solicitados sobre los médicos que más licencias médicas emitieron en 2022, 2023 y 2024 tienen un interés público prevalente, y ordenó su entrega a la Superintendencia de Seguridad Social, resguardando datos personales sensibles.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que más de 81.000 funcionarios públicos aparecen registrados en múltiples cargos dentro de una o varias instituciones, según una fiscalización extraordinaria sobre acceso a la información pública. El informe detectó deficiencias en los registros de transparencia activa, posibles incompatibilidades contractuales y errores en la publicación de datos, especialmente en el ámbito municipal y educativo. El CPLT insta a corregir irregularidades, mejorar los estándares de publicación y fortalecer la rendición de cuentas.

Tras un fallo de la Corte Suprema, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) entregó al Consejo para la Transparencia (CPLT) los antecedentes sobre la ejecución de cerca de 1.000 millones de pesos transferidos por SEGPRES, destinados a programas de participación ciudadana de la disuelta Convención Constitucional.

Con el objetivo de acercar el derecho de acceso a la información pública a toda la ciudadanía, el Consejo para la Transparencia (CPLT) presentó InfoEnlaces, una innovadora plataforma educativa gratuita con cursos asincrónicos, certificados y accesibles. La iniciativa busca fomentar una cultura pro transparencia en Chile, a través de contenidos especializados sobre probidad, rendición de cuentas, protección de datos personales y participación ciudadana, entre otros temas clave para el buen funcionamiento del Estado.

El Consejo para la Transparencia concluyó que los resultados individuales de test de drogas aplicados al Presidente, ministros y subsecretarios deben mantenerse en reserva por tratarse de datos personales sensibles. La entidad respondió a una solicitud del diputado Juan Antonio Coloma, enfatizando que solo una ley especial podría permitir su divulgación.

El documento establece buenas prácticas y recomendaciones específicas para que los organismos públicos informen sobre el uso de algoritmos en procesos administrativos, garantizando así el derecho ciudadano a conocer, entender y cuestionar decisiones automatizadas que los afectan.

El CPLT desestimó entregar mensajes de WhatsApp entre funcionarios municipales por considerarlos comunicaciones privadas, pero advirtió que las instrucciones oficiales no deben darse por canales informales. El caso fue remitido a la Contraloría para evaluar la legalidad del actuar del municipio.

Con miras a reforzar la transparencia electoral, el Consejo para la Transparencia habilitó el acceso público a las declaraciones de intereses y patrimonio de los precandidatos presidenciales del pacto “Unidad por Chile”, disponibles en InfoProbidad.cl. La medida busca anticipar posibles conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana de cara a las primarias del 29 de junio.

En el nuevo documento, el CPLT plantea una serie de interrogantes con el fin de aclarar con mayor detalle de qué manera el SII fija el avalúo de las propiedades no agrícolas en nuestro país. Esta petición se realiza ante la proximidad del reavalúo que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Una fiscalización del Consejo para la Transparencia reveló graves incumplimientos en la publicación de planes y actas de seguridad comunal, afectando el acceso ciudadano a información clave en medio de la crisis de seguridad pública. Solo un pequeño porcentaje de municipios cumple plenamente con los estándares de transparencia activa exigidos por ley.

El Consejo para la Transparencia reveló que, pese a un cumplimiento promedio del 90,1%, dos tercios de las empresas públicas evaluadas presentaron infracciones por falta de actualización, incompletitud o ausencia de información, afectando materias sensibles como personal y remuneraciones.

Cerca del 30% de las comunas del país no tiene Plan de Emergencia y un 80% no tiene Plan de Reducción de Riesgos de Desastres.

De los 16.350 ítems revisados, se identificaron un total de 2.251 casos de información no disponible, 626 ítems con información desactualizada y 11 casos de incompletitud, lo que refleja un panorama preocupante sobre la gestión de la información pública.

No solo la información que consta en actos o resoluciones adoptados por los órganos de la administración del Estado y conforme a determinados procedimientos reviste el carácter de información pública, sino que participa de esta calidad toda aquella que se haya elaborado con presupuesto público, con prescindencia del formato en que se contenga.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de su proceso de fiscalización 2024 a instituciones de educación superior estatales, en el que se evaluó el cumplimiento de normas de transparencia activa – esto es el acceso a información pública disponible - en universidades estatales, centros de formación técnica (CFT) y servicios locales de educación pública (SLEP).

El Consejo para la Transparencia presentó los resultados de una fiscalización extraordinaria realizada a 39 subsecretarías de la Administración Central del Estado que evaluó el acceso a la información sobre estudios e investigaciones financiados por éstas en 2023. La metodología ocupada fue dirigir solicitudes de acceso a información a cada una de estas entidades requiriendo información sobre la materia, así como revisar sus páginas web.

Sostuvo que la causal invocada requiere que se explique, de forma concreta, cómo es que se configura la afectación de las funciones del órgano, porque sobre este recae la carga de explicar cómo es que el principio constitucional de transparencia debe ceder, por configurarse la causal de reserva y la afectación de los bienes jurídicos protegidos, esfuerzo que, en el caso concreto, el órgano público no realizó.

Resolvió que para dar por configurada una causal de secreto o reserva de las referidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, no es suficiente la sola invocación o referencia a las causales en términos formales, sino que es necesario determinar si la publicidad de la información de que se trata afecta o no algunos de los bienes jurídicos previstos en el artículo 8° de la Constitución, siendo necesario que el interesado acredite ante el CPLT la real afectación del bien jurídico protegido, no siendo suficiente una mera referencia a la afectación de los derechos de la recurrente.

Se desestimó la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida, los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo, han determinado para su configuración.

El evento congregó a destacados expertos nacionales e internacionales, con el fin de promover el análisis y debate sobre los desafíos que enfrenta la administración pública en el uso transparente de algoritmos e inteligencia artificial.

El evento busca generar un espacio de reflexión y diálogo sobre los retos que plantea la inteligencia artificial (IA) y el uso de algoritmos en la administración pública. Durante la jornada, destacados expertos nacionales e internacionales discutirán los desafíos en torno a la transparencia, la regulación y los derechos ciudadanos en el uso de estas tecnologías en el sector público.