Seguridad pública comunal
Contraloría objeta aporte de Municipalidad de Peñaflor a sistema privado de detección de disparos
La Contraloría General de la República determinó que el compromiso asumido por la Municipalidad de Peñaflor para aportar recursos a un proyecto privado de detección y georreferenciación de disparos excedió las atribuciones que el ordenamiento jurídico entrega a los municipios en materia de…
La Contraloría General de la República determinó que el compromiso asumido por la Municipalidad de Peñaflor para aportar recursos a un proyecto privado de detección y georreferenciación de disparos excedió las atribuciones que el ordenamiento jurídico entrega a los municipios en materia de seguridad pública comunal.
El pronunciamiento tuvo su origen en una presentación de Audio Analítica SpA, empresa que señaló que, con motivo de su postulación al concurso Start-Up Ciencia 2024, convocado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), la Municipalidad de Peñaflor se comprometió a cofinanciar el proyecto en calidad de institución asociada.
Según expuso la empresa, luego de resultar adjudicada e iniciar la instalación del sistema en la comuna, la nueva administración municipal no cumplió con los aportes comprometidos y, desde diciembre de 2024, le impidió continuar con la ejecución de la iniciativa.
En una presentación separada, la propia Municipalidad de Peñaflor consultó a la Contraloría sobre la procedencia de suscribir un convenio de colaboración en materia de seguridad con la empresa y si, en virtud de ese instrumento, podía efectuar los aportes comprometidos. Por su parte, la ANID informó que el municipio había asumido aportes pecuniarios y no pecuniarios y que su incumplimiento afectó la ejecución del proyecto.
Al analizar los antecedentes, la Contraloría recordó que, conforme al principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución, los órganos de la Administración del Estado solo pueden actuar dentro de sus competencias y ejercer las atribuciones que expresamente les confiere el ordenamiento jurídico.
Asimismo, señaló que el artículo 4°, letra j), de la Ley N°18.695 permite a las municipalidades desarrollar funciones relacionadas con la seguridad pública dentro de su territorio, siempre que ello no implique invadir las atribuciones entregadas legalmente a otros organismos especializados.
El órgano contralor precisó que su jurisprudencia administrativa ha sostenido que la intervención municipal en materias de seguridad ciudadana debe limitarse a labores de apoyo y colaboración con los órganos estatales que cuentan con competencias específicas en ese ámbito. Estas acciones, agregó, deben desarrollarse coordinadamente con dichas instituciones, mediante instrumentos como el Plan Comunal de Seguridad Pública.
Respecto de los antecedentes concretos del proyecto, la Contraloría constató que el 10 de noviembre de 2023 el entonces alcalde de Peñaflor suscribió una carta de compromiso en la que declaró conocer las bases del concurso, los recursos y las actividades municipales involucradas durante los 12 meses de ejecución, y manifestó que el municipio efectuaría los aportes pecuniarios requeridos.
La iniciativa presentada por la empresa buscaba desarrollar y validar una tecnología destinada a detectar y georreferenciar disparos mediante sensores acústicos y algoritmos de análisis de audio, con el objetivo de apoyar la prevención y el control de hechos de violencia relacionados con armas de fuego. El proyecto contemplaba, además, su posterior escalamiento y explotación comercial.
El 14 de mayo de 2024, la ANID suscribió un convenio con la empresa, mediante el cual esta aceptó un subsidio de $120.639.600 y se comprometió a ejecutar el proyecto dentro de un plazo máximo de 12 meses. Posteriormente, en sesión de 10 de septiembre de 2024, el Concejo Municipal de Peñaflor aprobó transferir un aporte de $15.000.000 para financiar la iniciativa.
La Contraloría concluyó que ese compromiso municipal no se ajustó a las atribuciones que la ley entrega a las municipalidades en materia de seguridad pública comunal, pues se vinculó directamente con el financiamiento y ejecución de una iniciativa desarrollada por una empresa privada para implementar un sistema de detección de disparos.
A juicio del organismo de control, dicha actuación excedió las labores de apoyo y colaboración que los municipios pueden prestar a las instituciones estatales que cuentan con facultades específicas en materia de seguridad pública.
En consecuencia, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Peñaflor iniciar un procedimiento disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de estos hechos.
Además, instruyó al municipio informar el acto administrativo que disponga la apertura de dicho procedimiento a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del pronunciamiento.
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