TC rechaza inaplicabilidad de Universidad Arturo Prat por inhabilidad para contratar con el Estado tras eventual condena laboral

Puntualizan que la acción de inaplicabilidad constituye un control concreto, destinado a determinar si la aplicación de un precepto legal en un caso específico produce efectos contrarios a la Constitución, y que para su procedencia es necesario que la norma sea decisiva en la resolución del asunto y que exista un conflicto constitucional plausible.

Asimismo, destacan que recientes modificaciones legales han introducido mayor flexibilidad al régimen de inhabilidades, permitiendo al juez determinar la duración de la sanción e incluso no aplicarla en casos calificados, considerando factores como la gravedad de la infracción, el impacto social y económico y el interés público comprometido.

En ese contexto, exponen que el nuevo marco normativo altera sustancialmente el escenario previo, al reconocer un margen de apreciación judicial para modular la inhabilidad, lo que ha sido aplicado por tribunales laborales en distintos casos fijando plazos diversos o incluso reducidos según las circunstancias.

Aclaran que, además de verificar si la norma impugnada es decisiva, deben analizar si el requerimiento tiene fundamento plausible**,** lo que exige la existencia de un conflicto constitucional real, es decir, una contradicción clara entre la ley y la Constitución, y precisan que el Pleno puede rechazar el requerimiento, aunque haya sido declarado admisible en una etapa previa.

En el caso concreto, advierten que el marco legal ha cambiado con la Ley N° 21.634, que introdujo flexibilidad en la inhabilidad para contratar con el Estado, permitiendo al juez graduarla o incluso no aplicarla en ciertos casos lo que debilita los argumentos de inconstitucionalidad planteados.

Concluye que las normas impugnadas no son decisivas, ya que la eventual sanción depende de una futura condena laboral aún inexistente, por lo que el conflicto es hipotético. También estiman que parte de los argumentos corresponden a problemas de interpretación legal, no de constitucionalidad.

Por estas razones, el Tribunal determina que el requerimiento carece de fundamento plausible y decide rechazarlo.

Los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery, junto a la ministra Marcela Peredo, estuvieron por acoger el requerimiento, al estimar que las normas impugnadas —la inhabilidad para contratar con el Estado y la remisión de la sentencia a la Dirección del Trabajo— producen efectos contrarios a la Constitución en el caso concreto.

Recordaron que existe una línea jurisprudencial previa del Tribunal que ha considerado inaplicable este tipo de sanción, por tratarse de una medida automática, desproporcionada y que opera por el solo ministerio de la ley, sin un juicio específico sobre su procedencia o duración.

En materia de igualdad ante la ley, sostuvieron que la norma impone una misma sanción a situaciones muy distintas, sin atender a la gravedad, entidad o características concretas de la infracción. Ello genera un trato arbitrario y desconoce la razonabilidad mínima que debe respetar el legislador.

Respecto del debido proceso, afirmaron que la inhabilidad funciona como una sanción automática, sin que el afectado tenga una oportunidad real para discutirla ante un tribunal, lo que configura una forma de indefensión. En esa línea, estimaron que no puede haber sanción válida sin un juzgamiento previo que permita defensa efectiva.

También consideraron que el artículo 495 del Código del Trabajo, al ordenar remitir la sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro, contribuye directamente a hacer efectiva la inhabilidad, por lo que comparte el mismo reproche de inconstitucionalidad.

Finalmente, señalaron que la sanción afecta la esencia de los derechos y, en particular, el derecho de propiedad, porque impide contratar con el Estado durante dos años, generando una pérdida patrimonial relevante.

Vea texto sentencia Tribunal Constitucional Rol N° 16.787-25 INA y expediente.