Tribunales Internacionales · página 14

La exportación por una persona que viaja a Rusia de billetes denominados en euros con el fin de financiar tratamientos médicos que desea recibir en ese país no constituye una exportación necesaria para su uso personal. Dado que la Unión Europea no ha restringido el derecho a viajar a Rusia, la excepción en cuestión está destinada exclusivamente a garantizar que el viajero disponga del dinero en efectivo necesario para el viaje y la estancia.

La normativa no obliga a que los órganos jurisdiccionales nacionales controlen la regularidad de la adjudicación inicial de una concesión al examinar un recurso por el que se solicita la anulación de una modificación de dicha concesión tras haber expirado todos los plazos para impugnar esa adjudicación inicial.

Se formuló una serie de recomendaciones al Estado colombiano, orientadas a fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda, investigación penal y procesamiento judicial. Asimismo, sugirió consolidar la cooperación bilateral y regional para atender las desapariciones en el contexto migratorio.

En la fase actual, las declaraciones de propiedades saludables de las sustancias botánicas no pueden utilizarse para promover complementos alimenticios. Puede no ser así si las alegaciones reivindicadas están autorizadas en virtud de un régimen transitorio previsto por el Reglamento de 2006.

En el plano internacional, el informe hace mención a las actuaciones emprendidas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, referidas a presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con persecución por motivos de género. Las autoridades afganas han manifestado su rechazo a la jurisdicción de la Corte, aduciendo que las normas internacionales no son vinculantes para el Estado.

Al fallar a favor de una asociación masónica italiana afectada en un caso de registro e incautación el TEDH declaró que Italia violó el derecho a la privacidad de la orden masónica Grande Oriente d'Italia y la condenó al pago de una indemnización. Para que un registro e incautación sean legítimos tiene que tener fundamento legal, una motivación adecuada, con un límite temporal y garantías contra abusos, ser la medida necesaria y proporcional, y respetar los derechos fundamentales, señala el fallo.

La Corte de Estrasburgo emitió una medida provisional tras denuncias de que un cañón de sonido fue utilizado para dispersar una manifestación pacífica en marzo.

La exención del impuesto sobre bienes inmuebles en cuestión no parece conferir una ventaja selectiva y, por lo tanto, no constituye una ayuda de Estado. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional pronunciarse con carácter definitivo a este respecto.

Victoria McCloud, exjueza del Tribunal Superior, acusa al gobierno de Keir Starmer de violar la Convención Europea de Derechos Humanos tras un fallo que define los términos "mujer" y "sexo" solo en sentido biológico.

La controversia se centra, por tanto, en la determinación de si los hechos narrados en la acusación tuvieron lugar en territorio palestino. En 2021, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI estableció que el término "territorio del Estado de Palestina" comprende Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, zonas ocupadas por Israel desde 1967.

Las condiciones de detención no deben en ningún caso someter a la persona privada de libertad a sentimientos de miedo, angustia e inferioridad propios para humillarla, degradarla y eventualmente quebrantar su resistencia física y moral. Se ha reconocido, a este respecto, que los detenidos que padecen trastornos mentales son más vulnerables que los detenidos ordinarios, y que ciertas exigencias de la vida carcelaria los exponen más a un peligro para su salud.

Dado el marco legal vigente en ese momento y la forma en que se había aplicado, el Estado demandado incumplió su deber, a la luz de los requisitos de la jurisprudencia y los estándares internacionales, de aplicar, en la práctica, un sistema de derecho penal capaz de sancionar actos sexuales no consentidos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre las graves violaciones a los derechos humanos que enfrentan las lesbianas en la región, incluyendo prácticas que pueden constituir tortura, e insta a los Estados a adoptar medidas jurídicas, políticas públicas inclusivas y acceso efectivo a la justicia.

Las deficiencias del sistema jurídico eslovaco en materia de protección de datos informáticos sujetos al secreto profesional se evidencian en el presente caso por el error cometido por el perito designado por el Estado para actuar en el contexto de los procedimientos penales incoados contra el demandante.

El tribunal critica la falta de consideración a la vulnerabilidad y edad de las víctimas, reavivando el debate sobre el consentimiento en la ley francesa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que el Estado argentino violó los derechos de Ramón Nicolás Guarino al imponerle una pena que incluía una condena ya cumplida.

Ser etiquetado como "corrupto" no solo había ensombrecido el buen nombre del actor, sino que también había socavado la credibilidad de su larga carrera en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Dicha interferencia con sus derechos, en sí misma, estaba basada en la Ley de Prevención de la Corrupción, y tenía como objetivo prevenir la corrupción en el servicio público. Esta interferencia fue desproporcionada.

El informe identifica un patrón de diversificación de actividades ilícitas en el entorno digital, destacando la adopción de modelos de negocio orientados a servicios, el desarrollo y distribución de software malicioso (malware), la utilización de tecnologías de inteligencia artificial para la comisión de fraudes, así como la participación en mercados no regulados en línea.

No se entiende cómo una persona que sufre un deterioro cognitivo indiscutido –e incluso diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer– y que era incapaz de comprender su propia conducta o de seguir una audiencia judicial podía, al mismo tiempo, mantener la capacidad suficiente para mantener o reanudar –a una edad tan avanzada, un contacto significativo con una organización criminal.

El comportamiento imputado a las demandantes no era el dictado de una sentencia judicial en sí mismo, sino el hecho de haber adoptado un determinado comportamiento anterior a la elaboración de la sentencia y de haber construido conscientemente un razonamiento jurídico contrario a la ley.

Aunque la madre impidió la evaluación de su capacidad parental, por ejemplo negándose a ingresar en una clínica especializada, nada en el expediente indica que rechazara otros métodos de evaluación. La madre era una persona vulnerable que ya no confiaba en los servicios sociales. Las autoridades no debieron renunciar tan pronto a la reunificación sin demostrar debidamente que no era en el interés superior de la menor.

El Tratado de Prohibición de Minas de 1997, también conocido como la Convención de Ottawa, establece la prohibición del uso, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación o transferencia de minas antipersonales. También impone a los Estados parte la obligación de destruir sus reservas y limpiar las áreas contaminadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre el agravamiento de la situación en el país y reafirma su compromiso con las víctimas y la defensa de la democracia.

Para que el ascendiente directo de la pareja de un ciudadano de la Unión, que cumple los requisitos establecidos por la Directiva, pueda disfrutar de un derecho de residencia derivado, debe demostrar que, tanto en la fecha de presentación de su solicitud de la tarjeta de residencia, varios años después de su llegada al Estado miembro de acogida, como en la fecha de su llegada, está a cargo de ese ciudadano de la Unión o de esa pareja.

La autoridad judicial del Estado miembro de ejecución puede denegar la ejecución de una orden de detención europea cuando esta se haya dictado a efectos de la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad. No obstante, esa posibilidad exige que la persona buscada resida en el Estado miembro de ejecución y que este se comprometa a ejecutar él mismo dicha pena o medida de seguridad de conformidad con su Derecho interno.

A la fecha, en Venezuela existen 903 personas presas políticas y al menos 64 familias no han recibido una comunicación formal sobre el centro de reclusión en el que se encuentran.

El letrado ridiculizó el profesionalismo de los jueces tratándolos de "genios del derecho" y de "gigantes del derecho", aludiendo a su "ingeniosidad". Asimismo, dio a entender que la conducta de los jueces constituía un abuso.

Corresponde al juez nacional competente determinar, tras un examen concreto y específico, si la citación de testigos puede afectar a la situación jurídica de las personas investigadas. Si este es el caso, debe estar sometida al control del juez. Ahora bien, ello no significa necesariamente que este control deba realizarse mediante un recurso directo y específico. También puede hacerse con carácter incidental.

Marko Bošnjak, presidente del TEDH, valoró en Bruselas el aporte de los abogados a la justicia y anunció un nuevo tratado internacional que busca proteger la profesión frente a amenazas y ataques.

Corresponde en primer lugar a los parlamentos nacionales evaluar la necesidad de imponer restricciones a la conducta de sus miembros. Esta posición respeta el principio constitucional de autonomía parlamentaria. En el Reino Unido, existe una norma que obliga a los miembros de la Cámara de los Lores a informar con al menos 24 horas de antelación al presidente si planean discutir un asunto pendiente en los tribunales.