Tribunales Internacionales · página 13

La prescripción de los hechos delictivos en el presente caso impidió la exigencia de responsabilidad penal —e incluso, llegado el caso, la imposición de sanción— por los malos tratos que los tribunales italianos ya habían considerado fácticamente probados. Se constata una falta de investigación efectiva por parte de las autoridades italianas sobre las alegaciones del demandante, tanto para castigar a los responsables como para disuadir de futuros malos tratos.

La Misión de Observación Electoral de la OEA criticó el reciente proceso electoral en México para elegir jueces y magistrados, advirtiendo que este modelo inédito podría debilitar la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial.

Las autoridades nacionales no establecieron el marco jurídico y reglamentario necesario en lo que respecta a las medidas médicas en los establecimientos psiquiátricos, en particular en lo que respecta a las investigaciones de las quejas interpuestas para impugnar tales medidas.

Entre los hechos denunciados se encuentran conductas que, conforme al derecho internacional humanitario y al derecho penal internacional, se configuran como graves infracciones a los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, particularmente en relación con actos de violencia dirigidos contra la población civil, incluyendo privaciones arbitrarias de libertad, tratos crueles, violencia sexual, y utilización de menores en hostilidades.

La Corte efectivamente procedió a una nueva interpretación de los testimonios, que constituían elementos de prueba determinantes, sin que el conjunto de los dos jueces del tribunal hubieran escuchado directamente a los testigos en cuestión, lo que es contrario a las exigencias de un juicio justo.

El comportamiento de una persona que, infringiendo las normas para el de cruce de fronteras, introduce en el territorio de un Estado miembro a menores nacionales de países terceros que la acompañan y sobre los que ejerce la custodia efectiva no está comprendido en la infracción general de ayuda a la entrada irregular en el sentido del Derecho de la Unión.

El Tribunal de Estrasburgo condenó a Rusia por impedir candidaturas opositoras en 2021 y violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos: Libertad de expresión; libertad de reunión y de asociación; y derecho al respeto de la vida privada.

Las restricciones en contextos de pandemia deben superar un examen estricto de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En el presente caso, las autoridades rusas aplicaron prohibiciones generales y automáticas sobre cualquier tipo de manifestación pública, sin realizar un análisis individualizado ni valorar alternativas menos restrictivas para proteger la salud.

Las autoridades nacionales deben esforzarse por cumplir los requisitos del “plazo razonable” del Convenio mediante, entre otras medidas, la reducción del elevado retraso en los tribunales de apelación mediante la cobertura de vacantes judiciales pertinentes y la dotación de recursos humanos adecuados y otro apoyo necesario al poder judicial.

No existía ninguna indicación en el expediente de que el demandante hubiese actuado de forma agresiva hacia los agentes o el personal médico, ni que hubiese intentado autolesionarse. En cuanto al riesgo de fuga, no había evidencia de que hubiere intentado abandonar el hospital tras su ingreso. En consecuencia, el uso de sujeciones para atarlo a su cama, incluso durante un solo día, no fue estrictamente necesario. La medida podía humillarlo y degradarlo ante sus propios ojos.

Las autoridades internas analizaron y descartaron debidamente las alternativas menos intrusivas, como la tutela especial, y ofrecieron justificaciones pertinentes para su desestimación, principalmente en relación con el grado de seguridad jurídica, la necesidad de evitar futuros litigios y el interés emocional del menor en ser “legal y emocionalmente reclamado” por una sola figura de referencia.

Se solicitó información sobre medidas adoptadas para garantizar el acceso a una educación inclusiva y sobre los mecanismos empleados para promover la seguridad alimentaria, la mejora del hábitat y la reducción de los índices de pobreza que afectan a la población infantil.

El demandante no ha cuestionado que en un procedimiento de difamación los tribunales tuvieran que examinar la buena fe del periodista (tanto en lo relativo a la publicación inicial, antes de recibir la información sobre una explicación alternativa de los hechos, como respecto a la emisión televisiva, cuando el vídeo y los comentarios del periodista se adaptaron para reflejar esa explicación) y valorar el equilibrio entre la libertad de expresión de este último y el derecho del demandante a la protección de su reputación.

El tribunal internacional evaluó la responsabilidad del Estado peruano en la muerte de Celia Ramos Durand, esterilizada en 1997 en el marco del programa de salud reproductiva impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori. Es el primer caso peruano de este tipo que llega a la Corte IDH.

Marcelo Fabián Nievas fue un adolescente que murió tras ser baleado en 1981, y la Comisión denunció graves falencias en la investigación judicial argentina durante más de cuatro décadas. La CIDH concluyó que el Estado violó derechos fundamentales al no garantizar una pesquisa efectiva ni tomar en cuenta su condición de menor de edad.

La Corte sostuvo que las modificaciones posteriores al Tratado de 1900 no fueron ejecutadas de manera suficiente por las partes, y que España ejerció una administración continua y no impugnada sobre las islas antes de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968 (su antigua colonia), lo cual respaldó el reconocimiento de su soberanía conforme al principio de uti possidetis juris.

Aunque los tribunales nacionales habían considerado la libertad de expresión del demandante, no ponderaron su derecho a la libertad de reunión frente al objetivo de prevenir el desorden y la violencia; ni evaluaron las características de la manifestación. Además, los tribunales nacionales no explicaron por qué llevar una visera improvisada constituía una amenaza para la seguridad pública.

El litigio se enmarca en las tensiones en las fronteras orientales de la Unión Europea, en el que varios Estados miembros han denunciado un aumento del flujo migratorio desde territorio bielorruso. En este contexto, se han adoptado medidas a nivel regional, incluyendo la suspensión temporal de ciertas disposiciones del derecho de asilo, con base en evaluaciones de riesgo para la seguridad.

Según Francia, el propósito de dichas detenciones habría sido condicionar la liberación de sus ciudadanos a la extradición de personas detenidas en Francia, requeridas por Irán. Para fundar esta acusación, Francia incluye comunicaciones en las que se habría transmitido la propuesta de liberación condicionada por parte de las autoridades iraníes.

Con un enfoque basado en el modelo social de la discapacidad, la CIDH presenta su primer informe temático sobre la materia, identificando prácticas discriminatorias, destacando avances normativos en la región e instando a los Estados a garantizar plenamente los derechos de las personas con discapacidad en el marco del sistema interamericano.

La empresa demandante solo tuvo conocimiento de la sentencia del tribunal de primera instancia en octubre de 2011, cuando ya había sido ejecutada y su propiedad vendida en subasta. Si bien la empresa demandante podría haber impugnado la subasta y el procedimiento de ejecución, no tenía posibilidad alguna de detener la subasta y la ejecución mientras siguiera vigente la sentencia del tribunal de primera instancia en el proceso principal.

La Comisión lleva ante la Corte Interamericana el caso de una presunta ejecución extrajudicial en Brasil, destacando el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Militar, la impunidad persistente y la falta de reparación a las víctimas y sus familias.

Es legítimo que las autoridades nacionales adopten medidas para impedir que ciertas personas ejerzan profesiones sensibles, siempre que se respeten varios requisitos. En particular, el riesgo debe estar suficientemente establecido, y el análisis del riesgo debe tener en cuenta la naturaleza de la función en cuestión, la situación personal del interesado, el contexto general y también la magnitud potencial de las consecuencias si el riesgo no se elimina a tiempo.

En una situación como la examinada, en la que las autoridades del Estado demandado tomaron medidas destinadas a limitar y extinguir la revisión judicial de la queja del demandante sobre un derecho civil, la ineficacia resultante del procedimiento interno no puede servir como base para considerar que dicho procedimiento no fue “decisivo” para el derecho en cuestión.

Se recuerda que los Estados contratantes tienen, en virtud de un principio de derecho internacional bien establecido y sin perjuicio de los compromisos derivados de tratados, incluido el Convenio, el derecho a controlar la entrada, la estancia y la expulsión de los no nacionales.

El Comité concluyó que los hechos denunciados configuran violaciones a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), incluyendo el artículo 7 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), el artículo 12 (libertad de circulación y elección de residencia) y el artículo 27 (protección de los derechos culturales de las minorías étnicas).

Un Estado miembro no puede conceder su nacionalidad — y, de hecho, la ciudadanía europea — a cambio de pagos o de inversiones predeterminados, ya que ello equivale esencialmente a hacer de la adquisición de la nacionalidad una mera transacción comercial. Dicha práctica no permite establecer el vínculo de solidaridad y de lealtad necesario entre un Estado miembro y sus ciudadanos, ni garantizar la confianza mutua entre los Estados miembros.

Consideramos que dicho Estado miembro tuvo tiempo suficiente para proceder al saneamiento del vertedero en cuestión y que el retraso no puede justificarse, en particular, ni por la pandemia de COVID-19 ni por la desorganización provocada por esta pandemia en la actividad administrativa.

El Tribunal de Casación concluyó que el terreno se convirtió en propiedad del Estado en aplicación de la legislación de 1950 y 1955 relativa a los bienes enemigos, a pesar de que ya no pertenecía a ciudadanos italianos desde 1934. Esto contradice la jurisprudencia anterior del propio Tribunal, que había establecido que, para que se aplicara la legislación sobre bienes enemigos a un bien concreto, era necesario que este fuera propiedad de Italia o de un ciudadano italiano a 22 de octubre de 1947, o de Alemania o de un ciudadano alemán.

La CIJ subrayó que la decisión adoptada no implica un pronunciamiento sobre el fondo del litigio ni sobre la admisibilidad sustantiva de las pretensiones de la parte demandante. Queda abierta la posibilidad de que pueda ser reactivado si se llegara a establecer una base jurisdiccional válida conforme al Derecho Internacional.