Rechaza demanda.
Denegación de permiso para operar negocio de apuestas por incumplimiento del requisito de “buena moralidad” en Italia se ajusta a derecho, resuelve el TEDH.
Es legítimo que las autoridades nacionales adopten medidas para impedir que ciertas personas ejerzan profesiones sensibles, siempre que se respeten varios requisitos. En particular, el riesgo debe estar suficientemente establecido, y el análisis del riesgo debe tener en cuenta la naturaleza de la función en cuestión, la situación personal del interesado, el contexto general y también la magnitud potencial de las consecuencias si el riesgo no se elimina a tiempo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó la demanda deducida contra Italia por la decisión de las autoridades administrativas de denegar los permisos para operar un servicio de apuestas que incumplió el requisito de “buena moralidad. No constató ninguna violación al artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al estimar que la decisión de las autoridades nacionales se ajustó a derecho.
Un ciudadano italiano solicitó en 2015 una licencia para operar legalmente una empresa de apuestas en nombre de una sociedad austríaca, conforme al marco legal italiano que regula dichas actividades. Su solicitud fue rechazada por el “questore”, quien adujo que el demandante no cumplía con el requisito de “buena moralidad”, previsto en la norma, debido a sus vínculos personales con individuos con antecedentes penales, entre ellos su hermano, implicado en un procedimiento judicial, y otros sujetos bajo investigación.
El hombre recurrió la decisión ante el tribunal administrativo regional y, posteriormente, ante el Consejo de Estado, alegando que la negativa se basaba en hechos ajenos a su conducta personal y que carecía de fundamentos concretos. Ambas instancias confirmaron la decisión del questore, subrayando la amplia discrecionalidad de la autoridad policial en la evaluación de la idoneidad moral para este tipo de licencias. A pesar de un informe policial posterior que no establecía su participación en actividades ilícitas, sus recursos fueron desestimados de forma definitiva en 2021, por lo que demandó al Estado ante el TEDH.
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