Justicia europea condena a Países Bajos por violar garantías procesales de acusados de homicidio

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) determinó que Países Bajos infringió el derecho a un juicio justo amparado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El litigio derivó del hallazgo de un cuerpo desmembrado en Ámsterdam, iniciándose pesquisas que vincularon el hecho a un departamento en Róterdam y permitieron extraditar desde Irlanda a dos acusados, luego de que un tercer residente del inmueble decidiera inculparlos directamente tras tener pleno acceso al expediente judicial.

En primera instancia, el tribunal descartó la imputación por homicidio y sentenció a los acusados únicamente a dos años de prisión por ocultar y disponer del cadáver. El tribunal concluyó que el testimonio del tercer ocupante no resultaba fiable para sustentar una condena más allá de toda duda razonable por la muerte, considerando que incriminó a sus compañeros tras revisar las pruebas telefónicas que lo situaban en el lugar del delito.

El fiscal apeló y la corte de apelaciones revocó la absolución, imponiendo a ambos imputados una condena de 13 años de presidio por homicidio y disposición del cadáver. Pese a que la defensa solicitó formalmente interrogar al declarante inculpatorio, el tribunal de alzada desestimó la diligencia por considerarla innecesaria, fundamentando su decisión condenatoria en el mismo testimonio que había sido desechado al inicio y descartando la coartada de los imputados por los datos de telefonía.

Frente a esta resolución, los condenados acudieron al tribunal supremo nacional, denunciando la falta de fundamentación al denegar el interrogatorio y alegando que la corte debió citar de oficio al testigo determinante. No obstante, el máximo tribunal desestimó el recurso tras una opinión no vinculante de la fiscalía general que consideró suficiente el examen ante el juez instructor, ratificando íntegramente las penas privativas de libertad sin ordenar la reapertura probatoria.

Al examinar la reclamación, el TEDH advirtió que la evidencia material y forense solo situaba a los imputados en la vivienda, pero era incapaz de esclarecer la dinámica de la muerte o asignar responsabilidades individuales sin la versión del testigo decisivo. Por ello, concluyó que anular una absolución reevaluando la culpabilidad con base en un testimonio cuya veracidad estaba seriamente en duda, sin escucharlo en persona, vulneró la inmediación y la equidad global del juicio.

La sentencia concluyó que la sola constatación de la infracción constituye suficiente satisfacción equitativa para los afectados, al no existir reclamaciones por daños patrimoniales ni costas. Asimismo, el tribunal precisó que la medida idónea para reparar la vulneración consiste en reabrir el procedimiento penal en sede nacional, cuya ejecución será supervisada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos.