Tribunales Internacionales · página 15

Informe exige investigación por los crímenes cometidos por el régimen de Bashar al-Asad en Siria. Fue presentado por la Comisión y describe los eventos relacionados con el cambio de régimen, la situación en el territorio nacional desde dicha fecha y los retos identificados para el desarrollo institucional y la protección de los derechos fundamentales en el país. Paralelamente, la resolución incorpora una declaración sobre el impacto de las sanciones internacionales dictadas contra Siria, recomendando su revisión.

A efectos de evaluar la necesidad de una transferencia de datos en una sociedad democrática, deben tenerse en cuenta la naturaleza de los datos en cuestión, la importancia del fin perseguido con su transferencia, las consecuencias que de ella se derivan para la persona afectada, así como la calidad de los procedimientos de autorización y la efectividad de los recursos disponibles.

Los agentes de policía interfirieron en el trabajo del actor como periodista. No se considera necesario establecer si los agentes también habían borrado las imágenes de su cámara o si habían confiscado su teléfono móvil, ya que las consideraciones anteriores son suficientes para concluir que el ataque al demandante y la confiscación de su cámara obstaculizaron gravemente el ejercicio de su derecho a recibir y difundir información.

Mientras las modificaciones en cuestión no deroguen, en esencia, la posibilidad de esa liberación ni den lugar a la agravación de la naturaleza de la pena prevista en la fecha de la presunta comisión de las infracciones en cuestión, su aplicación a infracciones cometidas antes de su entrada en vigor no vulnera el derecho fundamental a que no se imponga una pena más grave que la aplicable en el momento en que se cometió supuestamente la infracción, garantizado por la Carta.

El informe detalla que los hechos investigados comprenden, entre otros, actos de detención arbitraria, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones sumarias y restricciones al ejercicio de libertades fundamentales, tales como la libertad de expresión y de asociación.

La obligación de tomar medidas operativas preventivas cuando un riesgo lo exige incluye la necesidad de evaluar la naturaleza y el nivel del riesgo desde el momento en que se tiene conocimiento del mismo. No obstante, el Gobierno no aportó pruebas de que las autoridades hubieran realizado una evaluación del riesgo que cumpliera con los requisitos del artículo 2 del Convenio.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó un informe que atribuye responsabilidades individuales a 54 personas vinculadas al Gobierno, el Ejército y el partido oficialista, acusadas de participar en una represión sistemática contra la población.

Sostienen que la aplicación de medidas adicionales contra Israel podría desviar la atención de otras situaciones de derechos humanos y constituir un precedente dentro de la estructura del CDH. Asimismo, advirtieron que cualquier Estado miembro o entidad de la ONU que respalde la instauración de un MII enfrentará consecuencias comparables a las que el gobierno estadounidense impuso a la Corte Penal Internacional (CPI).

La Comisión advierte que las recientes políticas migratorias de Estados Unidos podrían violar estándares internacionales y derechos fundamentales de personas en situación de movilidad.

Sudán señala que los EAU habrían proporcionado asistencia a la RSF en diversas formas, incluyendo apoyo financiero, de comunicaciones y el envío de agentes vinculados a estas operaciones. Sobre esta base, aduce que los Emiratos Árabes Unidos han incumplido sus compromisos bajo la Convención sobre el Genocidio, al no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir o sancionar tales actos.

El estatuto de los jueces en Bulgaria está regulado por la Constitución y la ley, que establece numerosas garantías para asegurar su independencia. El Consejo Superior de la Judicatura, órgano independiente encargado del autogobierno del poder judicial, decide, entre otras tareas, sobre el nombramiento o promoción de los jueces, fija su remuneración y ejerce el poder disciplinario sobre ellos. En consecuencia, no parece que hubiera existido ningún vínculo jerárquico o financiero entre los jueces que examinaron la acción del demandante.

Para determinar la cuantía de las sanciones pecuniarias se ha tenido en cuenta la gravedad de la infracción, su duración y la capacidad de pago del Estado miembro. Se subraya, en particular, que la falta de tratamiento de las aguas residuales urbanas es perjudicial para el medio ambiente y debe considerarse especialmente grave.

Contrariamente a la práctica judicial nacional recomendada, la conclusión de las autoridades nacionales no se basó en ningún informe pericial relacionado con estudios científicos en el ámbito relevante. Tampoco se basó en ninguna explicación científica o circunstancia específica del caso que hubiera hecho imposible evaluar el período relevante de exposición a sustancias nocivas.

La ACNUDH indica que estos antecedentes deben analizarse en el marco del derecho internacional humanitario y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En particular, se hace referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada tanto por Ucrania como por Rusia, que establece la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la vida y la protección de los menores en contextos de conflicto

Un juez nacional solo puede apreciar su carácter abusivo si estima que la cláusula no está redactada de manera clara y comprensible. Sin embargo, el Derecho nacional puede establecer un mayor nivel de protección para el consumidor. De ser así, el juez podrá examinar el carácter abusivo de la cláusula, incluso si ha sido redactada de antemano por el profesional de manera clara y comprensible.

La CIDH y el Relator Especial de la ONU han observado el desarrollo de políticas y programas de justicia transicional en diferentes países para avanzar en la garantía de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales.

El informe de la CIDH destaca la falta de transparencia en el proceso electoral y las graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo represión estatal, censura digital y detenciones arbitrarias.

Uno de los principales casos en discusión es el de Cley Méndes y otros contra Brasil, programado para el 24 de marzo. Este caso aborda la responsabilidad internacional de Brasil por las agresiones y ejecuciones extrajudiciales de los adolescentes Max Cley Mendes, Marciley Roseval Melo Mendes y Luís Fábio Coutinho da Silva, quienes fueron amenazados y asesinados por policías militares en el barrio Tapan en 1994.

La Comisión subraya que es esencial dar continuidad de los esfuerzos de cooperación internacional, regional y nacional para el disfrute de los derechos de las personas afrodescendientes, en línea con el Plan de Acción de la OEA, de 2016-2025.

La Fiscalía de la CPI ha formulado acusaciones en su contra en calidad de presunto coautor indirecto de crímenes tipificados contra la humanidad. Se alega que los hechos investigados habrían ocurrido entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, durante su administración municipal y su posterior mandato presidencial.

Hace referencia al papel de la industria de los combustibles fósiles en el desarrollo de conflictos armados y sus consecuencias en el ámbito del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Se señala que la demanda de recursos energéticos puede estar vinculada a escenarios de militarización y desplazamientos forzados.

Para ejercitar su derecho de rectificación, la persona puede estar obligada a aportar las pruebas pertinentes y suficientes que le puedan ser razonablemente exigidas para demostrar la inexactitud de dichos datos. No obstante, un Estado miembro no puede supeditar el ejercicio de ese derecho a la aportación de la prueba de haberse sometido a una cirugía de cambio de sexo. Esa exigencia atenta, en particular, contra la esencia del derecho a la integridad de la persona y del derecho al respeto de la vida privada y familiar.

Los accionantes presentaron sus demandas en 2019 y 2023, cuando el derecho interno no ofrecía una solución efectiva a sus respectivos casos. Sin embargo, una nueva ley ha entrado en vigor, permitiendo a los antiguos titulares de bonos o acciones cancelados demandar al Banco de Eslovenia y ser indemnizados por el Estado.

Solicitud se funda en el proceso disciplinario iniciado por el Instituto Nacional Penitenciario luego que Castillo se declarara en huelga de hambre, el cual implica el aislamiento del interno y la suspensión de sus visitas.

La investigación sobre los eventos del 2 de mayo de 2014 no se abrió rápidamente ni se llevó a cabo en un plazo razonable. Las autoridades provocaron retrasos prohibitivos y permitieron largos períodos de inactividad y estancamiento, sin explicación. Por ejemplo, aunque nunca se cuestionó que el jefe regional de bomberos fuera responsable del despliegue tardío de los camiones de bomberos, no se abrió ninguna investigación penal contra él hasta casi dos años después de los eventos.

El TEDH desestima por unanimidad la denuncia de la Iglesia Cristiana Ortodoxa y otros, que alegaban una violación de la libertad religiosa y de asociación tras la negativa de los tribunales búlgaros a registrar la iglesia fundada por Hristo Petrov Sabev.

La falta de divulgación de los documentos del expediente en los que las autoridades han basado su decisión afecta inevitablemente a la legalidad de las medidas adoptadas al final de un procedimiento que podría perjudicar a la demandante, a la luz de la protección que debe garantizarse a los derechos de defensa.

El derecho en cuestión – el de presentarse a elecciones – es un derecho político que no está relacionado con "derechos y obligaciones de carácter civil" ni con una "acusación en materia penal" , en el sentido del artículo 6 . Por lo tanto, este artículo no es aplicable en este caso.

En este contexto, el 2 de marzo, Israel estableció un bloqueo total sobre el ingreso de bienes y suministros a la Franja de Gaza. En relación con este hecho, la UNRWA advirtió sobre el impacto de dicha medida en la población, señalando que una proporción significativa de los habitantes de Gaza depende de la ayuda humanitaria para su subsistencia.

Croacia no ha hecho progresos significativos para garantizar la plena ejecución de la sentencia de 2019, y el Gobierno croata no tomó la decisión de proceder al saneamiento del vertedero de Biljane Donje hasta que la Comisión interpuso el segundo recurso. En efecto, el incumplimiento persiste desde hace casi seis años, es decir, un tiempo considerable.