TC rechaza inaplicabilidad contra norma que establece secreto del sumario administrativo

El Tribunal Constitucional, por mayoría, rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 137, inciso segundo, de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que dispone: «El sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa«.

El requirente, asistente administrativo en la Defensoría Local de Ovalle desde 2008, presentó la acción de inaplicabilidad tras verse involucrado en un sumario administrativo. Sostuvo que la aplicación del artículo cuestionado —que establece reserva del sumario— vulnera el principio de publicidad del artículo 8° de la Constitución, ya que dicha reserva solo puede establecerse por leyes de quórum calificado, lo que no ocurre en este caso. Asimismo, argumentó que la norma estaría tácitamente derogada tras la reforma constitucional de 2005 y que su aplicación infringe la igualdad ante la ley, al otorgar menos acceso a la información en procedimientos administrativos que en procesos penales. Finalmente, alegó vulneración del derecho a defensa, ya que la imposibilidad de conocer los antecedentes del sumario impide ejercer una defensa efectiva, configurando una “defensa a ciegas”.

La Defensoría Regional de Coquimbo solicitó el rechazo de la acción de inaplicabilidad. Sostuvo que el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo no es aplicable ni decisivo para resolver la gestión pendiente, ya que regula el procedimiento administrativo disciplinario y no incide directamente en el recurso de protección, el cual es una acción autónoma con reglas propias. Además, el requirente no ha demostrado cómo dicha norma influye en la decisión del recurso, por lo que no se cumple el requisito de decisividad, pues la relación entre la norma y el caso sería indirecta o hipotética. En cuanto al fondo, sostuvo que no existe vulneración de derechos, ya que el secreto del sumario es temporal y busca proteger a las partes, existiendo además garantías de debido proceso como posibilidad de defensa, rendición de prueba y recursos. Tampoco habría infracción a la igualdad ante la ley ni al debido proceso. Finalmente, alegó que el conflicto planteado es de mera legalidad —relativo a notificaciones y acceso a antecedentes— y no de constitucionalidad, por lo que debe resolverse en otras instancias.

Con los votos de las ministras (o) Daniela Marzi, Nancy Yáñez, María Pía Silva, Raúl Mera y Catalina Lagos, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación, al concluir que la aplicación del precepto legal objetado en la gestión pendiente no produce efectos contrarios a la Constitución.

En primer término, el Tribunal descartó la alegación de infracción al artículo 8° de la Constitución, relativa al principio de publicidad de los actos de los órganos de la Administración del Estado. Señaló que el argumento basado en un eventual vicio formal —por tratarse de una ley simple que establecería hipótesis de secreto— carece de sustento, atendido que tanto el artículo cuarto transitorio de la Carta Fundamental como el artículo primero transitorio de la Ley N° 20.285 reconocen que las normas legales dictadas con anterioridad que establecen reservas se entienden ajustadas al quórum calificado exigido actualmente. En consecuencia, no existe el defecto formal denunciado.

Asimismo, desde el punto de vista sustantivo, el Tribunal estimó que la norma impugnada no contraviene el contenido del artículo 8° inciso segundo, ya que este permite establecer hipótesis de reserva cuando su publicidad pueda afectar el debido cumplimiento de las funciones públicas. En este caso, el secreto sumarial administrativo tiene precisamente por finalidad asegurar la eficacia de la investigación disciplinaria, evitando interferencias que puedan alterar, ocultar o dificultar la obtención de pruebas.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art.19 N° 2), el Tribunal rechazó la comparación efectuada por la requirente entre el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal. Indicó que se trata de procedimientos de naturaleza diversa, con distintos niveles de afectación de derechos fundamentales, siendo en general más gravosas las consecuencias del proceso penal, incluso en su etapa cautelar. Además, destacó que en el propio ámbito penal existen regímenes que contemplan secreto investigativo, incluso respecto del imputado, lo que desvirtúa la tesis de trato desigual.

Respecto de la alegada infracción al debido proceso (art.19 N° 3), el Tribunal sostuvo que el secreto establecido en la norma es de carácter temporal, razonable y proporcional, ya que se limita a una etapa preliminar de la investigación y cesa necesariamente con la formulación de cargos. A partir de ese momento, el afectado tiene pleno acceso a los antecedentes y cuenta con oportunidades efectivas para ejercer su defensa, incluyendo la posibilidad de presentar descargos y rendir prueba.

En este sentido, concluyó que el secreto sumarial no vulnera el derecho a defensa ni impide un procedimiento racional y justo, pues constituye una medida legítima destinada a resguardar la eficacia de la función investigativa, en un contexto donde el funcionario investigado podría eventualmente interferir en la obtención de antecedentes.