Notario de 86 años recurre al TC contra cese obligatorio a los 75 años

El Notario y Archivero Judicial de San Carlos, César Raúl Fuentes Venegas, presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 495 bis del Código Orgánico de Tribunales y de los artículos 3° y segundo transitorio de la Ley N°21.772. Las normas cuestionadas establecen que los auxiliares de la Administración de Justicia deben permanecer en sus cargos solo hasta cumplir 75 años y, además, eliminaron el régimen transitorio que exceptuaba de ese límite a quienes habían sido nombrados antes del 30 de mayo de 1995. La acción incide en una demanda declarativa de mera certeza actualmente tramitada ante el 23° Juzgado Civil de Santiago. El requirente sostiene que la aplicación de esas disposiciones vulneraría los artículos 1°, 19 N°s 2, 3 y 16 y 76 de la Constitución.

Fuentes, de 86 años, sostiene que ejerce funciones como auxiliar de la Administración de Justicia en San Carlos desde antes de 1995, con una trayectoria sin sanciones disciplinarias, buen estado de salud y calificaciones sobresalientes.

Explica que la Ley N°19.390 estableció en 1995 un límite de 75 años para estos cargos, pero exceptuó a quienes ya estaban en funciones. Esa excepción fue eliminada por la Ley N°21.772, de 2025, que extendió el límite etario también a los auxiliares nombrados antes de 1995.

Tras ser incluido por el Ministerio de Justicia entre quienes debían cesar por superar los 75 años, y luego de que el Fiscal Judicial de la Corte Suprema reiterara esa consecuencia, Fuentes presentó una acción de mera certeza ante el 23° Juzgado Civil de Santiago para que se declare que su cargo no termina por ese límite. Invocó la irretroactividad de la ley, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores y los principios de confianza legítima y derechos adquiridos.

El Consejo de Defensa del Estado alegó que los tribunales ordinarios carecen de jurisdicción para revisar ese cese, porque la materia ya habría sido resuelta por el legislador. Fuentes sostiene que ello demuestra que las normas impugnadas son decisivas tanto para resolver esa excepción como para el fondo de su demanda.

El requerimiento sostiene que cumple los requisitos de procedencia y admisibilidad, porque existe una gestión pendiente ante el 23° Juzgado Civil de Santiago y aún debe resolverse la excepción de incompetencia formulada por el Consejo de Defensa del Estado.

Afirma que las normas impugnadas son decisivas, ya que sirven de fundamento tanto al eventual cese del requirente por superar los 75 años como a la alegación del CDE de que el tribunal carece de jurisdicción. Sin esas disposiciones, señala, el cese por edad no tendría sustento normativo.

También sostiene que la acción está razonablemente fundada, pues denuncia vulneraciones a la dignidad humana, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción. Añade que está legitimado por ser parte de la gestión pendiente y directamente afectado por las normas cuestionadas.

Finalmente, afirma que no existe un pronunciamiento previo de fondo del Tribunal Constitucional que impida conocer la acción: el artículo 495 bis no fue examinado en el control preventivo de la Ley N°19.390; dos requerimientos posteriores sobre esa norma fueron declarados inadmisibles sin resolver su constitucionalidad; y tampoco hubo un examen específico de los artículos 3° y segundo transitorio de la Ley N°21.772.

En el fondo, Fuentes sostiene que las normas impugnadas vulneran la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo. Recuerda que, según la jurisprudencia constitucional, las diferencias de trato solo son admisibles si se fundan en circunstancias objetivas, persiguen un fin legítimo y resultan adecuadas, necesarias y proporcionales. En materia laboral, invoca el artículo 19 N°16 de la Constitución, que prohíbe discriminaciones ajenas a la capacidad o idoneidad personal, aunque admite límites de edad en casos determinados.

El requerimiento afirma que la edad es una condición natural ajena a la voluntad de las personas y que, por sí sola, no debería producir consecuencias jurídicas negativas. Distingue entre edades mínimas, que pueden justificarse como mecanismos de protección, y edades máximas para trabajar, cuya validez sería excepcional y exigiría una relación concreta con la función, la aptitud física y un interés público relevante. Como ejemplo cita el “Caso Prácticos”, en que el TC validó un límite de 65 años por razones de seguridad pública y exigencias físicas sometidas a controles médicos.

El escrito refuerza esa tesis con normas internacionales, entre ellas la Convención Americana, los Pactos de Naciones Unidas y, especialmente, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta última reconoce la dignidad, autonomía, igualdad y no discriminación de las personas mayores y establece que las diferencias laborales deben basarse en las exigencias propias del cargo, no únicamente en la edad. También cita estándares de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según los cuales el acceso y permanencia en funciones vinculadas a la justicia deben fundarse en criterios objetivos como el mérito, la idoneidad y la capacidad profesional.