Víctima de trauma ocular recurre al TC para evitar que abandono del procedimiento deje sin efecto indemnización de $60 millones

Se ingresó al Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula el abandono del procedimiento cuando las partes han cesado durante seis meses en la prosecución del juicio. La acción incide en recursos de casación en la forma y en el fondo actualmente pendientes ante la Corte Suprema. La requirente sostiene que la aplicación de esa disposición en la gestión pendiente vulneraría la igualdad ante la ley, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica.

El conflicto se originó en una demanda indemnizatoria presentada por el requirente, quien afirma haber sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos. Indica que, en octubre de 2019 recibió el impacto de un proyectil disparado por un mayor de Carabineros, lo que le provocó graves lesiones faciales y la pérdida total, permanente e irreversible de la visión de su ojo derecho.

En noviembre de 2024, el tribunal de primera instancia acogió la demanda por falta de servicio y condenó al Estado a pagar $60 millones por daño moral. Tras un período sin notificación del fallo, el requirente se notificó expresamente en junio de 2025 y apeló. Días después, el Fisco promovió un incidente de abandono del procedimiento por la inactividad transcurrida desde la sentencia. El incidente fue acogido y posteriormente confirmado por la Corte de Apelaciones de La Serena.

Alega que aplicar el artículo objetado en un proceso que ya cuenta con una sentencia definitiva favorable produciría un resultado inconstitucional. Invoca el carácter concreto del control de inaplicabilidad y afirma que debe atenderse a las circunstancias particulares del caso.

Añade que, frente a una colisión entre una sanción procesal legal y los derechos fundamentales, debe prevalecer la Constitución. En ese sentido, cita jurisprudencia del Tribunal que caracteriza el abandono del procedimiento como una institución legal, no constitucional, cuya aplicación no puede exigirse de manera absoluta.

Uno de los principales reproches del requerimiento se refiere al derecho a un procedimiento racional y justo (art. 19 N°3). El actor afirma que declarar abandonado un proceso que fue íntegramente tramitado, en el que se rindió abundante prueba documental y testimonial y se dictó una sentencia de fondo favorable a la víctima, constituye una consecuencia desproporcionada. A su juicio, la finalidad del abandono es sancionar la inactividad de quien paraliza un juicio, pero esa justificación pierde fuerza cuando la función jurisdiccional de primera instancia ya concluyó con una sentencia definitiva.

El escrito recuerda además que la Corte Suprema ha considerado el abandono del procedimiento como una sanción procesal que debe interpretarse restrictivamente, precisamente porque sus efectos perjudican a quien ejerció la acción. También señala que la finalidad de la institución consiste en impedir que la negligencia del litigante mantenga paralizado indefinidamente un proceso, afectando su pronta y eficaz resolución.

En el caso concreto, el requirente sostiene que esa finalidad ya no estaría presente, puesto que obtuvo un pronunciamiento jurisdiccional favorable. Por ello, estima que privarlo de los efectos de esa sentencia debido a una demora en su notificación afectaría la tutela judicial efectiva, entendida no solo como el derecho a iniciar un proceso, sino también como el derecho a que este se tramite completamente, se dicte una sentencia y pueda obtenerse su cumplimiento.

Agrega que la aplicación del abandono en estas circunstancias ampararía un eventual abuso del derecho y sería contraria a la buena fe procesal.