Sercotec lleva al TC norma que limita reclamos contra el Consejo para la Transparencia

Asimismo, invoca el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N°18.575, que enumera los organismos que integran la Administración del Estado. Sercotec sostiene que no aparece incluido entre ellos, debido a que no fue creado por ley.

No obstante, el requerimiento advierte que esta discusión ya ha sido planteada anteriormente ante la Corte de Santiago. Así, en los reclamos contencioso-administrativos Roles N°453-2018 y N°12-2023, la misma Corte rechazó el argumento relativo a la naturaleza privada de Sercotec y le aplicó la restricción prevista en el artículo 28, inciso segundo, de la Ley de Transparencia, equiparándolo para estos efectos a un órgano de la Administración del Estado.

Sercotec considera equivocada esa interpretación y sostiene que existe el riesgo de que vuelva a ser aplicada en el actual reclamo. Por esa razón, estima que una declaración de inaplicabilidad por parte del Tribunal Constitucional resulta determinante para que la Corte de Santiago pueda conocer el fondo de su reclamo.

La impugnación constitucional se construye principalmente sobre una eventual vulneración del artículo 19 N°3 de la Constitución, que garantiza la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la defensa jurídica y el derecho a un procedimiento racional y justo.

La primera línea argumentativa apunta al derecho de acceso a la jurisdicción.

Sercotec sostiene que, si se le aplica el artículo 28, inciso segundo, quedaría completamente privado de la posibilidad de someter a revisión judicial una decisión del CPLT que considera contraria a derecho.

A su juicio, esa prohibición lo dejaría en una situación de indefensión, al impedirle cuestionar ante un tribunal la resolución administrativa que rechazó la causal de reserva invocada y le ordenó entregar los antecedentes.

En apoyo de su planteamiento cita la doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional (Rol N°792-07-INA), en la que se reconoció que el artículo 19 N°3 de la Constitución comprende implícitamente el derecho de acceso al órgano jurisdiccional como un presupuesto necesario para hacer efectivas las demás garantías del debido proceso.

Según expone el requerimiento, si una persona no puede acceder a un tribunal, garantías como el derecho a defensa, el juez natural o el procedimiento racional y justo pierden efectividad. En ese pronunciamiento, recuerda Sercotec, el Tribunal Constitucional sostuvo que la Carta Fundamental garantiza la posibilidad de acceder sin obstáculos excesivos al órgano jurisdiccional.

La segunda línea de impugnación se refiere directamente a la garantía de un procedimiento racional y justo.

Sercotec sostiene que la norma establece una asimetría entre las partes que intervienen en el sistema de acceso a la información pública.

Explica que una persona que solicita información puede reclamar ante la Corte de Apelaciones cuando el CPLT rechaza su amparo. En cambio, cuando el CPLT acoge la reclamación y ordena entregar antecedentes que un organismo había reservado fundándose en el artículo 21 N°1, ese organismo queda impedido de recurrir judicialmente contra la decisión.

Para Sercotec, esta diferencia resulta incompatible con la bilateralidad de la audiencia y con la exigencia constitucional de que los procedimientos sean racionales y justos.

El requerimiento desarrolla esta tesis recurriendo también a planteamientos doctrinarios de Eduardo Couture y José Luis Cea Egaña sobre el derecho de defensa y las garantías procesales.

A lo anterior, Sercotec agrega un argumento de coherencia institucional.

Sostiene que resulta contradictorio que la propia Ley de Transparencia permita a los órganos sometidos a ella invocar determinadas causales de reserva y les exija fundamentar su aplicación, pero que, al mismo tiempo, les impida acudir a los tribunales cuando el CPLT rechaza esos fundamentos y ordena la publicidad de los antecedentes.

En particular, hace presente que el artículo 21 N°1 letra c) reconoce expresamente como causal de reserva la distracción indebida de funcionarios cuando la atención de una solicitud supone un esfuerzo que afecta el normal funcionamiento del organismo. Esa fue precisamente la causal utilizada en este caso al calcular que la revisión y anonimización de casi 60 mil documentos requeriría 4.974 horas de trabajo.

Sin embargo, por aplicación del artículo 28, inciso segundo, esa misma fundamentación podría impedir posteriormente que el organismo discuta ante un tribunal la legalidad de la decisión adoptada por el CPLT.

En definitiva, Sercotec solicita al Tribunal Constitucional que declare inaplicable el artículo 28, inciso segundo, de la Ley N°20.285 para la resolución del reclamo de ilegalidad, pendiente ante la Corte de Santiago.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional debe resolver si admite a trámite el requerimiento y confiere traslado a las partes de la gestión pendiente para que formulen observaciones acerca de su admisibilidad. En caso de declararse admisible, corresponderá luego al Pleno del Tribunal pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Vea texto requerimiento Tribunal Constitucional Rol Nº17.934-26-INA yexpediente.