Tribunal Constitucional · página 67

A consecuencia de un dictamen de la CGR.

Se da la particularidad de que la sanción se mantiene vigente en el tiempo, sin límites, aun cuando la causa terminó por sentencia ejecutoriada.

Se infringe el derecho de propiedad, la igual repartición de las cargas públicas y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Se infringe el derecho de propiedad, la igual repartición de las cargas públicas y la Convención Americana de Derechos Humanos.

La fórmula de cobro que establece el precepto legal impugnado importa una verdadera expropiación, sin que exista un real fundamento para dicho fin.

Se infringiría el debido proceso y la igualdad ante la ley.

La resolución que concede esta medida precautoria en la gestión pendiente le impide a la requirente ejercer su derecho a defensa y constituye una expropiación o limitación no tolerada por el ordenamiento constitucional vigente.

Se impide la continuación del proceso criminal iniciado por una querella en contra de funcionarios de la PDI, vedando al querellante una forma de ejercicio de la acción penal, como es la de acusar o forzar la acusación, lo que hace ilusorio el igual ejercicio de esta acción.

Es la propia disposición impugnada la que expresamente contempla una desigualdad ante la ley.

Se le confirió traslado a las partes por el plazo de veinte días para que formulen sus observaciones y presenten los antecedentes que estimen pertinentes.

La sola acusación no cumple con el estándar constitucional para justificar la suspensión del derecho a sufragio. Para ello, al menos, es menester que se lleven a cabo actuaciones procesales posteriores a su presentación donde intervenga el Juez de Garantía.

Adolece de falta de debido fundamento plausible.

Adolece de falta de debido fundamento plausible.

Con ello los procedimientos se dilatan indefinidamente sin que la parte diligente cuente con herramienta alguna procesal para impedirlo.

Se impide a las víctimas el acceso a un procedimiento racional y justo seguido ante un órgano jurisdiccional.

Representa una restricción al legítimo derecho a la contradicción que rige en toda clase de procesos litigiosos y al derecho a la tutela judicial.

Infringirá la garantía de la tipicidad de que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”.

No contraviene los fines educativos legalmente prescritos, entre los cuales está el pago de remuneraciones, honorarios y beneficios al personal docente, ni el derecho a la educación y tampoco la propiedad.

Promovió un incidente de exclusión del querellante ex Intendencia de Valparaíso, hoy extinta, con el objeto de evitar vicios de nulidad del procedimiento.

La Corte de Talca suspendió al Juez requirente de sus funciones por dos meses, con goce de medio sueldo, en causa disciplinaria, en relación a un conflicto que mantiene con un particular. Lo que infringe el debido proceso, en su dimensión del principio de legalidad y tipicidad.

Vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.

No vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al recurso, ni la igualdad ante la ley. La exigencia de consignación no resulta arbitraria, ni establece un requisito económico que impida impugnar resoluciones en este caso.

Contraviene el debido proceso, en su dimensión del derecho a la defensa y del derecho a recurrir.

Se provocaría una diferencia no razonable, infundada y arbitraria.

Revelar sin más el contenido de las cámaras corporales al amparo de la norma cuestionada, implicaría preferir, a todo evento, la entrega de información no amparada por el artículo 8° de la Constitución con total olvido de las causales reconocidas en esa disposición.

Contempla un efecto para la incomparecencia del abogado recurrente que carece de racionalidad, perjudicando a la parte, que pierde la oportunidad (ejercicio del derecho) de obtener la revisión de su condena.

La suspensión del derecho a sufragio debió haber provenido de una autorización judicial previa y no como consecuencia de una actuación administrativa realizada de oficio por el Tribunal.

No garantizaría oír previamente al afectado, ni le reconoce el derecho de probar sus alegaciones.

No contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción constitucional alegada.

No se subsanaron los vicios de que adolecía el requerimiento.