Tribunal Constitucional · página 68

Da un trato desigual a quienes son efectivamente iguales, como son las partes de un juicio seguido conforme a normas del Código de Procedimiento Civil y las partes de un procedimiento regido por leyes especiales.

En el caso particular, ser reclama por los fundamentos de la decisión de la FACH respecto del término anticipado del contrato de una fonoaudióloga.

Se alega que el artículo 472 contraviene el debido proceso al negar el derecho al recurso.

La Corte le ordenó a la Municipalidad de Cholchol no innovar y suspender mientras se ve el recurso de protección lo resuelto en orden a dejar sin efecto la no renovación de una contrata.

Infringiría el derecho a la libre contratación en materia laboral y el derecho a ejercer cualquier actividad económica.

La sanción de nulidad del despido se aplicaría retroactivamente, desde que supuesto fáctico que se invoca para su procedencia ocurrió 8 años antes de la publicación de la Ley N°19.631.

La norma trata igual, con una misma y única pena, a quienes pueden haber cometido infracciones muy desiguales.

No cumple con los requisitos exigidos por el artículo 80 de la Ley Nº17.997, en cuanto no indica con precisión los preceptos legales impugnados.

Infringiría la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección, el derecho de propiedad.

Limita el derecho al recurso e impide revisar una sentencia interlocutoria que resuelve un incidente declarando la incompetencia de un tribunal.

El libelo se estructura en torno al cuestionamiento del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, mientras que su petitoria se refiere al artículo 88 de tal cuerpo normativo.

La impugnación no permite derivar, sin más, que la aplicación del auto acordado vulnere el derecho de propiedad debido a un procedimiento que adolecería de vicios por la realización de una subasta pública a través de medios remoto.

Al negarse el juez abrir prueba en el incidente promovido en el juicio ejecutivo, se vulnera el debido proceso.

Se habrían modificado las bases de remate en un juicio ejecutivo de oficio privando al ejecutado de su derecho a objetarlas.

Con la actuación del Ministerio Público, el derecho de la empresa –como víctima en los delitos denunciados- queda reducido a la voluntad del ente persecutor al comunicar la decisión de no perseverar sin haber formalizado la investigación, voluntad que se ejercer sin control judicial.

Infringiría los artículos 1° y 19 N°2 de la Carta Fundamental; 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 2.1 y 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; que amparan el principio de no discriminación y de igualdad ante la ley.

La cuestión de inconstitucionalidad que se desarrolla en el requerimiento no permite derivar, sin más, que la aplicación del auto acordado cuestionado implique una vulneración de su derecho de propiedad debido a un procedimiento que, en su argumentación, adolecería de vicios por la realización de una subasta pública a través de medios remoto.

Vulneraría la igualdad ante la ley y el derecho a petición, en relación al artículo 76 de la Constitución.

Vulneraría el debido proceso.

El tipo penal es abierto y no cumpliría el estándar constitucional que el principio de legalidad exige.

La información que fue entregada por la requirente a la autoridad se realizó bajo la confianza legítima de que el órgano no la divulgará de una manera más extensa que la expresamente autorizada por el ordenamiento.

Se da la particularidad de que la sanción se mantiene vigente en el tiempo, sin límites, aun cuando la causa terminó por sentencia ejecutoriada.

Se infringiría el debido proceso, el derecho al recurso.

Infringirían el principio de legalidad penal y tipicidad. Dejan el núcleo de la conducta entregado a la determinación de una regla infralegal.

No se cumplen los objetivos de celeridad y efectividad en la tutela efectiva de los derechos contemplada por el legislador mediante la prohibición de la institución del abandono del procedimiento.

No se advierte como la aplicación de la norma objetada se estaría produciendo de manera retroactiva, desde que el despido que da origen al litigio, se verificó antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº21.227.

Es la propia disposición impugnada la que expresamente contempla una desigualdad ante la ley.

Contraviene el debido proceso, el derecho al recurso.

Se infringiría el debido proceso y la igualdad ante la ley.

Se infringe el derecho de propiedad, la igual repartición de las cargas públicas y la Convención Americana de Derechos Humanos.