Compras Públicas.

Normas que impiden contratar con el Estado por dos años a quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, se impugnan nuevamente ante el Tribunal Constitucional.

La Universidad de Chile alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera el principio de servicialidad del Estado, además de las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.