Tribunal Constitucional acoge inaplicabilidad de norma que impide apelar contra rechazo de objeción a liquidación de pensiones de alimentos

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido respecto de la frase “Tampoco será recurrible la resolución que rechaza la objeción a la liquidación”, contenida en el artículo 12, inciso séptimo, parte final, de la Ley N°14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.

La acción fue interpuesta en el marco de un proceso seguido ante el Juzgado de Familia de Los Ángeles, actualmente en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Concepción, a propósito de un recurso de hecho.

La gestión pendiente se origina en una causa de cumplimiento de alimentos iniciada por la requirente. Durante la tramitación del proceso se practicaron múltiples liquidaciones que fueron sucesivamente objetadas por ambas partes. No obstante, la liquidación practicada el 16 de abril de 2025 arrojó, de manera contraria al mérito del proceso, afirma la requirente, un saldo a favor del alimentante $11.274.715. Frente a ello, objetó la liquidación alegando la existencia de errores aritméticos y materiales. Sin embargo, el tribunal rechazó la objeción y declaró improcedentes el recurso de reposición y la apelación subsidiaria interpuestos, fundándose en lo dispuesto en el precepto legal objetado.

La requirente sostuvo que la norma impugnada vulnera el artículo 19 N°3 de la Constitución, al impedir la interposición de recursos contra las resoluciones que rechazan objeciones a las liquidaciones de alimentos, lo que priva a las partes de una revisión judicial efectiva y genera indefensión procesal. Argumenta que el debido proceso comprende el derecho al recurso, reconocido por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y que la exclusión absoluta de reposición y apelación consolida decisiones potencialmente erróneas, especialmente cuando se dictan de plano y sin traslado.

Asimismo, afirma que se vulnera la igualdad ante la ley (art. 19 N°2), ya que la norma permite recurrir cuando la objeción es acogida, pero no cuando es rechazada, estableciendo una diferencia arbitraria que impide al alimentario impugnar liquidaciones con errores evidentes.

Finalmente, sostiene que también se afecta el derecho de propiedad (art. 19 N°24), pues la imposibilidad de revisar judicialmente liquidaciones incorrectas puede provocar una pérdida patrimonial ilegítima en perjuicio del alimentario. A su juicio, esto resulta especialmente grave tratándose de derechos alimentarios de niños, niñas y adolescentes, los cuales gozan de protección reforzada conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Magistratura Constitucional, con los votos de los Ministros Fernández, Mera, Mery, Gómez y de la Ministra Peredo, acogió la acción constitucional, declarando inaplicable la oración, “Tampoco será recurrible la resolución que rechaza la objeción a la liquidación”, para resolver el asunto pendiente, al concluir que, en el caso concreto, la prohibición de impugnar el rechazo de objeciones a liquidaciones de alimentos implica establecer un tratamiento distinto al previsto en otros procedimientos ejecutivos, sin justificación constitucional suficiente.

En su razonamiento, el Tribunal cita al profesor Juan Andrés Orrego, quien explica como la Constitución se ocupa de la familia, aunque no la define expresamente, y refiere como manifestaciones de este mandato constitucional a la Ley N°20.530, modificada por la Ley N°21.150, que creó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la Ley N°21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, y al artículo 19 N°4 de la Constitución, que asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

Luego, en relación con los alimentos, el fallo reproduce la doctrina del mismo profesor, quien sostiene que, aunque ni el Código Civil ni leyes especiales definan los alimentos o la obligación alimenticia, estos se entienden como las prestaciones a que está obligada una persona respecto de otra, en todo aquello necesario para satisfacer las necesidades de la existencia, siempre que el obligado esté en condiciones de cumplir y el acreedor justifique su necesidad.

También el Tribunal pone de relieve que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y asigna a los padres u otras personas encargadas del niño la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida necesarias para dicho desarrollo, especialmente en materia de alimentos, vestido y vivienda. Asimismo, que el pago de la pensión de alimentos es un asunto de derechos fundamentales. En esa línea, cita el mensaje de la Ley N°21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, donde se afirma que el pago de alimentos no puede reducirse a una mera obligación legal, pues involucra dignidad, derecho a la vida, integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, educación y protección de la salud, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes. De ahí que se sostenga que el derecho de alimentos es un derecho humano fundamental.

Agrega el fallo que no es difícil inferir del deber del Estado de proteger a la familia la existencia del deber de socorro y su contracara natural, el derecho de alimentos, bajo el amparo del principio de corresponsabilidad familiar, según el cual todos los integrantes de una familia tienen derechos y deberes que deben cumplirse en forma conjunta y equitativa para promover el bienestar y la estabilidad familiar.

En esa línea, la Magistratura enfatiza el profundo contenido doctrinario del artículo 1° de la Constitución y la forma en que este refleja la filosofía de la Carta Fundamental, destacando no solo la dignidad, libertad e igualdad de la persona, sino también su sociabilidad inherente, expresada precisamente en el reconocimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y en la protección de los grupos intermedios.

Enseguida el Tribunal examina la cuestión de la liquidación de alimentos, precisando que, como toda obligación, esta debe estar determinada en su objeto, al menos en cuanto a su género, y que una cantidad se entiende líquida no solo cuando posee actualmente esa calidad, sino también cuando puede establecerse mediante simples operaciones aritméticas con los datos que emanan del proceso. Sobre esa base, sostiene que el sentido y propósito de la liquidación prevista en el artículo 12 de la Ley N°14.908 es permitir el cobro ejecutivo de la deuda, la aplicación de apremios y la inscripción o actualización en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, razón por la cual la ley ordena a los tribunales practicarla de oficio mensualmente y notificarla a las partes para que presenten objeciones dentro de tercero día.

La sentencia comparó esta regulación con otros procedimientos ejecutivos. Así, recordó que, en el juicio ejecutivo de obligaciones de dar (art. 435, CPC) se exige que la obligación consista en una cantidad líquida o liquidable mediante simple operación aritmética; que el artículo 439 permite proceder ejecutivamente respecto de la parte líquida si la obligación fuere en parte líquida e ilíquida; y que el artículo 441 prevé apelación cuando se deniega el mandamiento de ejecución, entre otros motivos, porque la obligación no sea líquida. Del mismo modo, recordó que, obtenida sentencia favorable ejecutoriada, el artículo 510 del mismo código ordena realizar la liquidación del crédito y determinar las costas, mientras que el artículo 511 dispone que, practicada la liquidación, se pagará al acreedor con el dinero embargado o con el producto de la realización de los bienes.

A juicio del Tribunal, que la obligación sea líquida o liquidable constituye una exigencia esencial en todo procedimiento de cumplimiento de sentencias o de ejecución de obligaciones emanadas de un título.