Recurso de protección no es la vía para revisar criterios técnicos de aranceles universitarios, resuelve Corte Suprema

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y rechazó el recurso de protección interpuesto por la Universidad Santo Tomás en contra de la Subsecretaría de Educación Superior, mediante el cual se cuestionaron las resoluciones que modificaron las bases técnicas y determinaron los aranceles regulados para el año académico 2025, en el marco del financiamiento institucional para la gratuidad.

La recurrente alegó que las resoluciones fueron dictadas de manera ilegal y arbitraria, pues la Subsecretaría modificó, en la etapa final del procedimiento, los criterios utilizados para determinar el tamaño de las instituciones y redujo de 1 a 0,5 puntos el valor asignado a aquellas calificadas como “grandes”, sin que este último cambio hubiera sido observado por la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles ni contara, a su juicio, con una fundamentación suficiente. Añadió que fue clasificada erróneamente como una institución de tamaño “normal”, lo que tendría importantes consecuencias económicas durante los cinco años de vigencia de los aranceles fijados.

La Subsecretaría de Educación Superior solicitó el rechazo del recurso. Sostuvo que la determinación de los aranceles regulados responde a criterios técnicos y presupuestarios y que las resoluciones impugnadas fueron dictadas dentro de las atribuciones que le confiere la Ley N°21.091. Añadió que la clasificación de la Universidad Santo Tomás se ajustó a los criterios establecidos para la variable tamaño, que el procedimiento contempló instancias de participación de las instituciones de educación superior y que la recurrente no tenía un derecho indubitado a obtener una clasificación determinada, por lo que el recurso de protección no era la vía idónea para resolver la controversia.

La Corte de Santiago señaló que el recurso de protección tiene por objeto cautelar derechos preexistentes frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios y que, si bien las resoluciones impugnadas fueron dictadas en ejercicio de potestades discrecionales de la Administración, ello no impedía su control jurisdiccional. Precisó que dicho examen debía limitarse a verificar el cumplimiento de las exigencias legales del acto administrativo, entre ellas, su debida fundamentación.

En cuanto a la clasificación de la Universidad Santo Tomás según su tamaño, descartó la ilegalidad denunciada. Observó que las resoluciones cuestionadas no establecían que para determinar el tamaño de las universidades debieran contabilizarse conjuntamente alumnos presenciales y no presenciales, sino que atendían al volumen de matrícula de pregrado respecto del percentil 90 de las universidades adscritas a gratuidad. De este modo, estimó suficientemente explicado que la recurrente fuera catalogada como una institución de tamaño “normal” y no “grande” para efectos de la determinación de los aranceles regulados.