Corte Suprema confirma que exclusión de socias de comité de vivienda no es arbitraria si se ajusta a sus estatutos

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por dos socias en contra del Comité de Vivienda Santa Olga y otros recurridos, luego de concluir que el procedimiento seguido para excluirlas del comité de vivienda se ajustó a sus estatutos y a la normativa que regula la postulación a proyectos habitacionales.

Las recurrentes alegaron que su exclusión se originó a partir de información sesgada y parcial difundida por un grupo reducido de personas, y que la asamblea que debía decidir su permanencia ya habría sido predispuesta a votar en su contra. Añadieron que posteriormente habrían sufrido hostigamientos y la difusión de afirmaciones falsas ante distintas autoridades, cuestionando además la transparencia y legitimidad del proceso de exclusión.

El comité de vivienda recurrido sostuvo que la exclusión se fundó en infracciones a sus estatutos, detectadas luego de una investigación iniciada a raíz de conversaciones en las que se habría acusado a la asesora del proyecto de pretender apropiarse de un departamento y un estacionamiento y de utilizar fondos de la agrupación para gastos personales. Agregó que las socias fueron notificadas del inicio del procedimiento y que posteriormente se realizaron una asamblea informativa y otra destinada a votar su exclusión.

La Corte de Santiago razonó que, de acuerdo con los antecedentes examinados, la exclusión de las recurrentes obedeció a un procedimiento desarrollado conforme a los estatutos del comité de vivienda y a la normativa que regula la postulación a proyectos habitacionales, particularmente el Decreto Supremo N°49 de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De este modo, estimó que la actuación cuestionada no correspondió a una determinación adoptada al margen de las reglas que regían a la organización.

En particular, observó que antes de convocarse la asamblea destinada a discutir la exclusión se realizó una investigación que concluyó que las recurrentes habían incurrido en faltas contempladas en los estatutos. Estas se relacionaban con haber atribuido a la asesora del Comité, quien no era beneficiaria del proyecto, la intención de apropiarse de un departamento y un estacionamiento, además de imputarle el uso de fondos de la agrupación para gastos personales. Tales antecedentes llevaron al tribunal a descartar que pudiera atribuirse ilegalidad o arbitrariedad a la actuación de la organización.