Tribunal Constitucional · página 65

Se le impone una sanción desproporcionada.

Con anterioridad, la Magistratura Constitucional acogió requerimientos deducidos por parlamentarios oficialistas y declaró inconstitucionales algunas normas contenidas en el proyecto que fueron eliminadas de su texto.

El precepto legal impugnado no resultará decisivo en la resolución del asunto.

No existe gestión judicial pendiente.

Se hizo efectivo el apercibimiento, pues el requirente no dio cumplimiento oportuno a lo ordenado por la Sala.

Quien no cuente con Clave Única podría participar presencialmente o mediante un mecanismo que pueda garantizar la identidad del postor, sin embargo, el Auto Acordado, norma de rango menor que Ley, impide el ejercicio de este derecho al postor que no cuenta con dicha clave.

Infringe el derecho de propiedad, la igual repartición de las cargas públicas y la Convención Americana de Derechos Humanos.

No contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción constitucional alegada.

La requirente alega que se conculca su derecho a defensa, que conlleva a una expropiación o limitación no tolerada por el ordenamiento constitucional vigente.

En la gestión pendiente la requirente discute la cancelación de su inscripción como prestador acreditado de servicios de certificación de Firma Electrónica Avanzada.

La requirente no logra desvirtuar los argumentos que han llevado al Pleno del Tribunal en sentencias de fondo a desestimar análogas impugnaciones como para modificar su jurisprudencia anterior.

Contraviene la igualdad ante la ley y el debido proceso. La investigación quedaría entregada a la absoluta libertad y arbitrariedad de un órgano de la administración que la conduce a su arbitrio fuera de cualquier control jurisdiccional.

Sí las empresas son declaradas único empleador serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales, así como de instrumentos colectivos.

Vulnera el principio de la proporcionalidad al no graduar la cuantía en función de la gravedad de la infracción. También la igualdad ante la ley y el debido proceso al entregar tal determinación discrecionalmente a la autoridad administrativa.

En la gestión pendiente se condenó a la madre al pago de alimentos y al retiro forzado de los fondos de pensión.

Vulnerarían la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Contraviene la igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, el debido proceso y el derecho de propiedad.

No garantizan justicia en un plazo razonable e instituyen un proceso jurisdiccional sin término que deja a la requirente en la indefensión en un juicio de nunca acabar.

En la gestión pendiente se celebró una audiencia en rebeldía de la requirente, quien alegó falta de notificación, el incidente fue rechazado y no se concedió el recurso de apelación.

Vulneran la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal, el derecho a una investigación y procedimiento racionales y justos, el principio de legalidad, en su concreción de tipicidad y proporcionalidad.

Se mantuvo vigente la ficción establecida en la denominada Ley Bustos, abultándose el monto de la deuda a la cual finalmente fue condenada la empresa.

Se le niega al querellante su derecho constitucional a solicitar la tutela judicial efectiva en un conflicto penal y se le desconoce su derecho a accionar penalmente de manera eficiente.

No se cumplen los objetivos de celeridad y efectividad en la tutela efectiva de los derechos contemplada por el legislador mediante la prohibición de la institución del abandono del procedimiento.

Si el actor no logra probar la infidelidad, pero se acredita la homosexualidad de la cónyuge, la jueza tendrá que acoger el divorcio planteado sólo por dicha causal, por lo que bastaría con ser homosexual para que el divorcio opere.

La norma impugnada le impide al INE reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgó el acceso a la información cuando la oposición se hubiere fundado en la causal afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

Amplía en forma abusiva una norma excepcionalísima, profundizando una desigualdad de trato al punto de convertirla en discriminatoria. Se concede el beneficio tanto a quien no puede pagar como a quien sí puede.

Su aplicación en la gestión pendiente produciría resultados contrarios a la igualdad ante la ley y a la libertad de trabajo y su protección.

Pugna con el derecho que la Constitución confiere a la víctima, pues el ejercicio de la acción no se satisface sólo cuando es posible iniciarla, sino que supone continuarla y poder desplegar los derechos que ella integra a lo largo del proceso para que sea cabal y oportuna la tutela judicial efectiva.

Infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso la norma que no permite impugnar la sentencia que falla un recurso de nulidad laboral en aquella parte que condena en costas al actor.

Se solicitó la liquidación forzosa de una inmobiliaria, por una presunta deuda de casi 100 millones de pesos.