Norma que impide suspender juicio civil mientras no exista acusación penal se impugna ante el Tribunal Constitucional

Un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad fue presentado ante el Tribunal Constitucional a fin de que se declare la inaplicabilidad del precepto legal contenido en el artículo 167 inciso primero, parte final, del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo a la frase “si en éste se ha deducido acusación o formulado requerimiento, según el caso”, por cuanto su aplicación en el caso concreto resultaría contraria al artículo 19 N°2 y al inciso primero del N°3 del artículo 19 de la Constitución Política —que consagran las garantías de igualdad ante la ley y de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos—, así como al artículo 5 inciso segundo del mismo texto constitucional, que impone a los órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos esenciales garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La acción se deduce en el contexto de una causa seguida ante el 4° Juzgado Civil de Santiago sobre procedimiento ordinario de mayor cuantía, proceso en el cual se solicitó la suspensión del procedimiento conforme al artículo 167 del Código de Procedimiento Civil. La frase final de su inciso primero —“si en éste se ha deducido acusación o formulado requerimiento, según el caso”— sería, según la requirente, lesiva de sus garantías constitucionales.

En cuanto a los antecedentes, se expone que la requirente interpuso querella criminal contra su hermano por el delito de administración desleal previsto en el artículo 470 N°11 del Código Penal. Dicha causa se tramita ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, encontrándose aún en etapa previa a la formalización. Con posterioridad la querellante dedujo ante el 4° Juzgado Civil de Santiago demanda de declaración de indignidad en contra de su hermano. En el marco de ese proceso civil solicitó la suspensión del procedimiento conforme al artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, fundando su petición en que la existencia del delito imputado en sede penal constituye el presupuesto necesario para dictar sentencia definitiva en la acción de indignidad, toda vez que el artículo 968 N°2 del Código Civil exige que el atentado cometido por el heredero sea acreditado mediante sentencia condenatoria ejecutoriada.

No obstante, el tribunal rechazó la solicitud de suspensión, argumentando que del expediente penal no constaba que se hubiera deducido acusación o formulado requerimiento, conforme exige el citado artículo 167. Contra esa decisión se interpuso reposición con apelación en subsidio, encontrándose esta última pendiente ante la Corte de Santiago.

La requirente sostiene que la aplicación del precepto legal impugnado vulnera sus derechos fundamentales en el juicio civil, al impedirle ejercer su derecho a la prueba y afectar gravemente su defensa.

En cuanto a la inconstitucionalidad de la norma, argumenta que la disposición establece una distinción entre imputados respecto de los cuales ya se ha deducido acusación o formulado requerimiento y aquellos que se encuentran en una etapa procesal previa, permitiendo la suspensión del procedimiento civil solo en el primer caso. Tal diferenciación, afirma, carece de fundamento razonable y objetivo, resultando arbitraria y contraria al artículo 19 N°2 de la Constitución.