Corte Suprema rechaza recurso de unificación de jurisprudencia de Latam Express por despidos durante pandemia

La Corte concluyó que los hechos tenidos por ciertos en la sentencia no respaldaban la causal de despido invocada, por lo que no se configuraba infracción de ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. Destacó además que la interpretación de la carta de despido y el análisis de la causal de necesidades de la empresa se ajustaron a la normativa laboral vigente, la cual exige que dicha causal esté respaldada por situaciones económicas o técnicas objetivas y graves, y no por la sola voluntad del empleador. En consecuencia, determinó que no existió error de derecho en este extremo.

Luego, en lo referido a la infracción de ley por obligar a la demandada a reintegrar los descuentos realizados sobre la indemnización por años de servicio correspondientes a los aportes del empleador a la Cuenta Individual de Cesantía de los trabajadores, la Corte concluyó que los descuentos reclamados solo aplican cuando el despido por necesidades de la empresa se prueba efectivamente y no pueden operarse de manera automática si la causal es declarada improcedente. Por ello la sentencia correctamente ordenó la devolución de los aportes del empleador a la Cuenta Individual de Cesantía, rechazando la alegación de infracción legal formulada por la compañía confirmando la procedencia de reintegrar los montos a los trabajadores desvinculados.

En contra de la sentencia de la Corte de Santiago que desestimó el recurso de nulidad de la demandada, ésta interpuso recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema, invocando los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, con el objetivo de consolidar criterios sobre la procedencia de despidos en el contexto de la pandemia del Covid-19. Según la compañía, las cartas de despido entregadas a sus trabajadores cumplían con los requisitos de los artículos 161 y 162 del Código del Trabajo y, por tanto, los despidos debían considerarse justificados.

Alegó que no se aplicó la doctrina de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 3081-2021, que en circunstancias similares había considerado que las cartas de despido sí cumplían con los requisitos legales.

El máximo Tribunal deja asentado que el fallo de base detalló que los trabajadores afectados comenzaron a prestar servicios en fechas que van desde 1996 hasta 2019 y que todos recibieron, el 23 de agosto de 2021, una carta de despido por necesidades de la empresa, con efecto a partir del 30 de septiembre de ese año. La misiva indicaba que la causa del despido se debía a la reestructuración de aeropuertos regionales, incluyendo la externalización de labores de Servicio al Pasajero y Rampa, debido a la baja productividad derivada de la pandemia.

El fallo observó que, si bien la carta se basaba en un hecho público y notorio como la crisis sanitaria, las demás afirmaciones carecían de sustento fáctico y no explicaban de qué manera afectaban a la empresa, lo que impedía a los trabajadores ejercer adecuadamente su derecho a defensa. Además, la revocación de 440 despidos por la empresa y el adelanto del pago del Bono de Desempeño de 2021 generaban dudas sobre la real necesidad de externalizar funciones.

Enseguida, la Corte Suprema refiere que el recurso de unificación de jurisprudencia no puede prosperar, ya que la sentencia impugnada no emitió pronunciamiento sobre la materia de derecho solicitada, limitándose a evaluar defectos formales en la presentación del recurso de nulidad. Los argumentos adicionales sobre la falta de elementos técnicos o económicos objetivos que justificaran los despidos se consideraron obiter dictum y no podían ser objeto de contraste jurisprudencial

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°43089-2024, Corte de Santiago Rol N°2490-2023 (Laboral-Cobranza) y del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago RIT O-7152-2021.