Corte de Santiago duplica indemnización a víctima de violaciones a los derechos humanos y ordena al Fisco pagar $80 millones

En ese análisis, citó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que comprende dentro de ese concepto los actos basados en la pertenencia al sexo femenino que produzcan o puedan producir daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico.

La sentencia también tuvo presente que, conforme a la Convención de Belém do Pará, la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos, una ofensa a la dignidad y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

El fallo indicó que este fenómeno trasciende los distintos sectores sociales, con independencia de la clase, raza, pertenencia étnica, ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión, y afecta negativamente las bases de la sociedad.

Asimismo, sostuvo que la violencia basada en el género, entendida como aquella dirigida contra una mujer por ser mujer o que la afecta de manera desproporcionada, constituye una forma de discriminación. Para fundamentar esa conclusión, mencionó los criterios desarrollados por organismos internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

La Corte recordó que tanto la Convención de Belém do Pará como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer reconocen el vínculo entre la violencia y la discriminación contra las mujeres.

También citó el Convenio de Estambul de 2011, que identifica la violencia contra las mujeres como una manifestación del desequilibrio histórico que ha permitido su dominación y discriminación, privándolas de una plena emancipación, y reconoce la naturaleza estructural y basada en el género de este tipo de violencia.

Siguiendo la jurisprudencia internacional y lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará, la sentencia señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que la violencia sexual comprende acciones de naturaleza sexual cometidas sin consentimiento. Estas pueden consistir en una invasión física del cuerpo, pero también incluir actos que no involucren penetración ni contacto físico.

El tribunal agregó que las mujeres sometidas a violencia sexual por agentes del Estado continúan padeciendo las consecuencias de la agresión incluso después de que esta cesa. Por ello, el análisis de los hechos debe considerar que fueron afectadas de manera diferente a los hombres y que se trata de actos especialmente graves y reprochables, atendida la vulnerabilidad de las víctimas y el abuso de poder desplegado por los responsables.

Sobre esa base, concluyó que el Estado es responsable por la vulneración del derecho a la integridad personal protegido en el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la infracción de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

La Corte sostuvo que la indemnización debía adecuarse, en la medida en que ello fuera posible, al dolor y la aflicción padecidos como consecuencia de los hechos acreditados.

En el proceso se demostró que la demandante fue víctima de exilio, detención ilegal, privación de libertad, violencia sexual y tortura, hechos que le provocaron graves consecuencias, lesiones físicas y psíquicas y un sufrimiento persistente. Estas circunstancias justificaban elevar la indemnización fijada inicialmente.

El tribunal afirmó que el carácter de los hechos permitía establecer de manera inequívoca que la víctima padeció dolor, sufrimiento y angustia por los malos tratos constitutivos de delito ejecutados por funcionarios públicos.

Añadió que las secuelas se han mantenido durante toda su vida, lo que configura por sí solo un daño moral cierto y de tal gravedad que debía ser compensado mediante una suma superior a la determinada en primera instancia.

Para adoptar la decisión, la Corte también ponderó las características del trato sufrido, su duración y modalidad, los métodos utilizados para infligir los padecimientos y sus efectos físicos y mentales. Esos antecedentes intensificaban el reproche por los hechos generadores de responsabilidad, especialmente por la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder ejercido por sus autores.

En consecuencia, estimó que los $40 millones fijados por el tribunal de primera instancia eran insuficientes para reparar el daño y resolvió aumentar prudencialmente la indemnización a $80 millones.

La Corte también rechazó la petición del Fisco destinada a rebajar la suma concedida, al concluir que la demandante había cumplido sobradamente con la carga de acreditar los fundamentos del resarcimiento reclamado.

La ministra Graciela Gómez previno que estuvo por elevar la indemnización a $100 millones. A su juicio, esa cifra resultaba más adecuada para cumplir los fines reparatorios, sobre la base de las mismas consideraciones desarrolladas en la sentencia.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°5236-2025y del Tercer Juzgado Civil de Santiago Rol N°C-805-2024.