TC inaplica norma que limita defensas en juicio ejecutivo laboral

Por ello, ninguna permitía discutir la defensa principal de la empresa: que la primera carta de despido no puso término efectivo a la relación laboral y, por tanto, no podía servir legítimamente de título para la ejecución. En consecuencia, la norma impedía someter esa controversia al juez de cobranza.

• Importancia del análisis concreto en la inaplicabilidad

El Tribunal recordó que la acción de inaplicabilidad no supone necesariamente declarar que una norma sea abstracta y universalmente contraria a la Constitución.

Su función consiste en analizar los efectos que la aplicación de esa disposición puede generar en las circunstancias particulares de una gestión pendiente. Por ello, una norma que normalmente resulta constitucional puede producir en un caso específico un efecto contrario a la Carta Fundamental.

• El problema constitucional concreto

Para el Tribunal, la cuestión relevante era determinar si podía mantenerse constitucionalmente una norma que restringe las excepciones a pago, remisión, novación y transacción cuando justamente la controversia consiste en determinar si el documento presentado por los trabajadores tiene o no fuerza ejecutiva.

La sentencia incluso planteó que, ante las circunstancias descritas, podía estar en discusión si existía realmente un título ejecutivo apto para sostener la ejecución o eventualmente un supuesto de fraude procesal.

• Por qué la lógica habitual del procedimiento ejecutivo laboral no resultaba suficiente

El Tribunal reconoció que su jurisprudencia había considerado razonable la restricción del debate en la cobranza laboral porque busca obtener un cobro rápido y efectivo de créditos laborales y evitar incidencias innecesarias.

También recordó que un proceso ejecutivo puede legítimamente contar con garantías menos intensas que un procedimiento declarativo, siempre que conserve un estándar racional y justo.

Sin embargo, enfatizó que esta construcción se apoya en una premisa fundamental: la existencia de un título ejecutivo indubitado que contiene una obligación laboral clara.

En este caso, esa lógica se quebraba porque precisamente estaba controvertido si la carta invocada por los trabajadores había sido aquella que efectivamente puso término a la relación laboral.

• Vulneración del derecho a defensa

El Tribunal estimó que impedir a la empresa discutir cuál de las dos cartas puso término efectivo a la relación laboral y cuál podía servir de título ejecutivo excedía una simple limitación propia del procedimiento de cobranza y se transformaba en una privación sustancial del derecho a defensa.

Recordó que esta garantía integra el debido proceso del artículo 19 N°3 de la Constitución y que, aunque el legislador puede restringir los mecanismos defensivos según la naturaleza del procedimiento, no puede hacerlo hasta generar indefensión.

En el caso concreto, la empresa no podía cuestionar el mérito ejecutivo de la carta utilizada por los trabajadores ni había tenido una instancia previa para hacerlo. Como tampoco podía plantear adecuadamente esa defensa mediante los recursos disponibles, el Tribunal concluyó que la aplicación del artículo 470 producía indefensión y justificaba declarar su inaplicabilidad en esta causa.

Por estas razones, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable por inconstitucional el artículo 470, inciso primero, del Código del Trabajo en el proceso de cobranza laboral seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

• Disidencia de María Pía Silva, Catalina Lagos y Mario Gómez

Los disidentes estuvieron por rechazar el requerimiento. Señalaron que la empresa ya había opuesto excepciones de pago, transacción, remisión y falta de requisitos del título, todas pendientes de resolución.

Aunque reconocieron que el artículo 470 no contempla esta última excepción, estimaron que las restantes podían ser suficientes para que el juez laboral resolviera si el vínculo terminó por necesidades de la empresa o por incumplimiento grave del contrato.

A su juicio, esa controversia y sus efectos económicos constituían una cuestión de legalidad ordinaria que debía ser resuelta por el tribunal laboral y no por el Tribunal Constitucional.

• Justificación de la limitación de excepciones según la disidencia

Los disidentes sostuvieron que corresponde al legislador definir las excepciones admisibles en cada procedimiento ejecutivo y que el proceso laboral, por su especialidad, no tiene por qué replicar las reglas del juicio ejecutivo civil.

Estimaron que la limitación de defensas se justifica por la naturaleza de los créditos laborales y por la necesidad de un procedimiento rápido y eficaz, sin que ello implique vulnerar el debido proceso, pues el ejecutado igualmente dispone de excepciones.

También descartaron una infracción a la igualdad ante la ley, señalando que procedimientos de distinta naturaleza pueden legítimamente someterse a reglas procesales diferentes.

• Derecho de propiedad, debido proceso y transacción según la disidencia

Los disidentes estimaron que la supuesta afectación del derecho de propiedad era indirecta, pues el verdadero problema se relacionaba con las posibilidades de defensa disponibles dentro del juicio ejecutivo.

Aunque reconocieron que podía parecer atendible la alegación de que la empresa no tenía una vía para cuestionar directamente el título, destacaron que el requirente había opuesto la excepción de transacción, expresamente permitida por el artículo 470.

Además, señalaron que los propios antecedentes daban cuenta de que, tras la primera carta de despido, los contratos siguieron vigentes y luego terminaron por causales del artículo 160, suscribiéndose finiquitos que consignaban una fecha y causal distinta de término. Para la disidencia, estos elementos podían ser valorados por el juez laboral al resolver las excepciones ya interpuestas.

• Prevención

El ministro Héctor Mery formuló una prevención para precisar que no compartía los fundamentos utilizados para rechazar requerimientos anteriores contra el artículo 470 que habían sido citados en la sentencia.

En definitiva, la mayoría acogió la inaplicabilidad porque, en las circunstancias excepcionales de este caso, la limitación de excepciones del artículo 470 impedía a la empresa discutir si la carta utilizada por los trabajadores constituía realmente un título ejecutivo, generando una privación sustancial del derecho a defensa. La disidencia, en cambio, estimó que la controversia podía resolverse mediante las excepciones ya opuestas y que determinar cuál carta puso término al vínculo laboral era una cuestión de legalidad que correspondía resolver al juez del fondo.

Vea sentencia Tribunal Constitucional Rol N°17.069-25 INA y expediente.