TC permite continuar demanda de filiación contra herederos de presunto padre fallecido

Dentro de sus elementos se encuentra el derecho a conocer los propios orígenes biológicos, conocimiento que permite a cada individuo construir su historia personal y constituye el fundamento de las acciones destinadas a determinar la filiación.

El Tribunal recordó que la legislación chilena reconoce el derecho a reclamar la filiación como imprescriptible, irrenunciable y personalísimo.

En ese contexto, sostuvo que incluso instituciones destinadas a garantizar la seguridad y certeza jurídica, como la prescripción y la cosa juzgada, pueden ceder cuando se transforman en obstáculos para que una persona conozca su verdadero origen biológico.

Por ello, estimó que una norma que impida reclamar la filiación respecto de un progenitor fallecido puede convertirse en una barrera desproporcionada para el ejercicio del derecho a la identidad.

La sentencia observó que el artículo 206 permite demandar a los herederos del presunto padre o madre únicamente cuando el hijo es póstumo o cuando el progenitor falleció dentro de los 180 días posteriores al nacimiento.

Quienes no se encuentran en esas situaciones quedarían impedidos de solicitar el reconocimiento judicial de su filiación contra los herederos, aunque persigan igualmente conocer y obtener el reconocimiento de su origen biológico.

Para el Tribunal, esta restricción afecta la esencia del derecho a la identidad, pues impide determinar judicialmente la filiación por la sola circunstancia de que el supuesto progenitor haya fallecido fuera de los períodos contemplados por la ley.

Asimismo, concluyó que la norma establece una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación semejante, sin que exista una justificación razonable y objetiva para esa distinción.

El fallo señaló que la eventual protección de la honra y la integridad psíquica de los herederos puede alcanzarse mediante mecanismos menos restrictivos, como la obligación de indemnizar los perjuicios causados por quien interponga una acción de mala fe o con el propósito de lesionar la honra del demandado.

Respecto de los derechos hereditarios, precisó que estos también pueden resguardarse mediante las normas generales sobre prescripción y renuncia de los efectos patrimoniales derivados de la filiación, sin que resulte necesario impedir el reconocimiento del vínculo biológico.

La magistratura constitucional advirtió, además, una discriminación respecto de quienes reclaman una filiación no matrimonial, debido a que no existe una restricción equivalente para los hijos protegidos por la presunción de paternidad matrimonial.

En consecuencia, concluyó que la aplicación del artículo 206 del Código Civil restringiría injustificadamente el acceso a la acción de reclamación de filiación, afectaría el derecho a la identidad, establecería una diferencia arbitraria e impediría la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable el artículo 206 del Código Civil en la causa concreta, permitiendo que el tribunal de familia continúe conociendo el juicio y se pronuncie sobre el fondo de la reclamación de filiación.

La decisión se acordó con el voto en contra de la Ministra Maria Pía Silva y de los Ministros Raúl Mera y Héctor Mery quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.

Explicaron que el demandante no es hijo póstumo y que su presunto padre falleció 48 años después de su nacimiento, por lo que su situación no coincide con ninguna de las dos hipótesis reguladas por esa norma. A su juicio, el problema no era cómo interpretar el artículo 206, sino que este simplemente no tenía relación con el juicio pendiente.

Sostuvieron que el demandante sí podía dirigir la acción contra los herederos conforme al artículo 317 del Código Civil y que, además, la reclamación de filiación era imprescriptible según el artículo 195. El artículo 206, por ser una regla especial, solo limita la acción de los hijos póstumos o de aquellos cuyo progenitor fallece dentro de los 180 días siguientes al parto, pero no puede extenderse a situaciones distintas.

Por ello, concluyeron que la jueza de familia debía resolver directamente el caso aplicando las reglas generales, sin requerir la intervención del Tribunal Constitucional. Como la norma impugnada no podía producir efectos en la causa, no correspondía declararla inaplicable.

La Ministra Marcela Peredo concurre a la decisión por acoger el requerimiento únicamente basándose en los efectos contrarios a la garantía de igualdad ante la ley, reconocida en el artículo 19 N°2 de la Constitución, que se generarían de la aplicación del artículo 206 del Código Civil en este caso concreto. (Cita la prevención del Ministro Raúl Bertelsen, Rol N°1.340).

Vea sentencia Tribunal Constitucional Rol N°17.057-2025-INA.