Se confirió traslado a las partes de la gestión pendiente.

TC declaró admisible inaplicabilidad sobre sanción contenida en la Ley de Compras Públicas en relación con la infracción de derechos fundamentales en materia laboral.

La requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y vulnera el debido proceso al no permitir instancias para controvertirla.