TC declara inaplicable límite de “una sola vez” para cambio de apellido en caso de víctima de abuso sexual

El Tribunal Constitucional acogió, por unanimidad, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y declaró inaplicable para resolver la gestión pendiente la expresión «por una sola vez» contenida en el artículo 1° de la Ley N°17.344, que autoriza el cambio de nombres y apellidos.

La requirente expuso que cuando tenía diez años su madre solicitó el cambio de su primer apellido conforme a la Ley N°17.344, solicitud que fue acogida por sentencia en 2007. Posteriormente, el conviviente de su madre —cuyo apellido había adoptado— fue condenado por abuso sexual cometido en su contra. Con el fin de desvincular su identidad del apellido de su agresor, en 2024 solicitó nuevamente el cambio de nombre y apellido ante el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, para adoptar los apellidos de su abuela materna y de una tía con quien reside. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud por estimar que la ley solo permite pedir el cambio de apellido “por una sola vez”. Frente a esta decisión, la solicitante interpuso recurso de apelación ante la Corte de Valparaíso que constituye la gestión pendiente.

En sede constitucional la requirente alegó que de aplicarse el precepto legal impugnado para resolver la causa pendiente se vulneraran derechos fundamentales que le asegura la Constitución, en particular la integridad psíquica (art. 19 N°1) y el derecho a la honra y a la vida privada (art. 19 N°4). Asimismo, se infringirá el artículo 5° inciso segundo de la Carta Fundamental en relación con el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho a la identidad, y con los artículos 3° y 5° de la Convención de Belém do Pará, que consagran el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

El fallo deja asentado que analizará el problema constitucional bajo tres criterios interpretativos. Primero, el criterio axiológico, que exige interpretar las normas conforme a los valores y principios de la Constitución, especialmente la dignidad humana y la libertad. Segundo, el criterio sistemático o de unidad de la Constitución, según el cual la Carta Fundamental debe entenderse como un todo armónico, evitando interpretaciones que anulen o resten eficacia a alguno de sus preceptos. Finalmente, el criterio dinámico, que concibe la Constitución como un instrumento vivo que debe adaptarse a nuevas realidades sociales y a problemáticas que afectan a grupos vulnerables, como niños y mujeres víctimas de violencia. Estos criterios, en conjunto, señala el fallo, permiten dar efectividad a los valores constitucionales, particularmente al principio de dignidad humana.

Luego, bajo el epígrafe “Derechos implícitos: en particular el derecho a la identidad**”, e**l Tribunal señala que la dignidad humana es un pilar del orden constitucional y que de ella emanan derechos humanos que pueden estar implícitamente reconocidos en la Constitución, aun cuando no aparezcan expresamente mencionados. Estos derechos implícitos se identifican mediante la interpretación constitucional, considerando la jurisprudencia nacional, el derecho internacional de los derechos humanos y lo dispuesto en el artículo 5° inciso segundo de la Carta Fundamental, que obliga al Estado a respetar y promover los derechos contenidos también en tratados internacionales vigentes.

En este contexto, el derecho a la identidad se reconoce como un derecho implícito derivado de la dignidad humana, tal como ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Este derecho permite individualizar a la persona y proteger elementos esenciales de su identidad personal. Su reconocimiento también encuentra respaldo en diversos instrumentos internacionales y en constituciones comparadas —como las de Perú, México y Ecuador— que lo consagran expresamente y lo vinculan con el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía individual.

El Tribunal analiza el caso desde el derecho a la identidad y al nombre, entendido como un derecho fundamental implícito derivado de la dignidad humana y reconocido también en tratados internacionales de derechos humanos. Señala que el nombre y los apellidos constituyen elementos esenciales de la identidad personal, pues permiten la individualización jurídica y social de la persona.

El Tribunal deja asentado que el primer cambio de apellido de la requirente fue solicitado por su madre cuando era menor de edad y en un contexto distinto.

La Magistratura considera que aplicar de forma automática y absoluta la limitación legal impide ponderar circunstancias graves y sobrevinientes que afectan profundamente la identidad y dignidad de la persona. En este caso, obligar a la requirente a mantener el apellido de su agresor constituye una afectación a su identidad personal y una forma de revictimización.