Se impugna norma que limita recurso de queja: impide revisar sobreseimiento definitivo y vulnera derecho al recurso

El requirente argumenta que la aplicación del precepto impugnado vulnera directamente el derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, reconocido en el artículo 8.2 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la garantía constitucional de tutela judicial efectiva y el mandato contenido en el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución, que obliga a los órganos del Estado a respetar y promover los derechos esenciales. A su juicio, esta limitación deja sin vía recursiva al querellante frente a la confirmación del sobreseimiento definitivo, configurándose una denegación de justicia contraria al debido proceso.

En ese sentido, sostiene que la norma también infringe el artículo 82 de la Carta Fundamental, que consagra la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema sobre todos los tribunales del país. Afirma que dicha facultad no puede ser preterida por una disposición legal de menor jerarquía que, en la práctica, impide a la Corte Suprema conocer de un recurso de queja contra resoluciones que validan un sobreseimiento definitivo dictado con graves faltas o abusos. Ello no solo restringe el acceso del requirente a un tribunal superior, sino que también priva al máximo tribunal de ejercer su deber constitucional de corregir y supervisar la actuación de los tribunales inferiores.

Finalmente, el requirente sostiene que la interpretación restrictiva del precepto cuestionado afecta derechos fundamentales del querellante, como el acceso a la justicia y la posibilidad de que un tribunal superior revise la resolución cuestionada para garantizar un procedimiento justo y racional. La consecuencia, en el caso concreto, sería consolidar sin revisión un sobreseimiento que, según afirma, no se ajusta a derecho, con lo cual se ven comprometidos tanto intereses individuales como el interés general en la recta administración de justicia.

La Primera Sala designada por la Presidenta del Tribunal Constitucional deberá resolver si admite a trámite el requerimiento y confiere traslado a las partes de la gestión pendiente para que se pronuncien sobre su admisibilidad. En caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Vea requerimiento y expediente Rol N° 16918-25-INA7.