Compras públicas.

Normas que sancionan a empleadores condenados por prácticas antisindicales o que vulneren los derechos fundamentales de sus trabajadores, impidiéndoles contratar con el Estado, se impugnan en el Tribunal Constitucional.

El requirente sostiene que se le aplica de plano una sanción desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.