Compras Públicas.

Normas que prohíben a empresas condenadas por vulneración de derechos fundamentales o prácticas antisindicales contratar con el Estado, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.

El requirente estima que los preceptos impugnados infringen su garantía de igualdad ante la ley y debido proceso.