Inaplicabilidad rechazada con votos en contra.

Normas que prohíben a empresas condenadas por vulneración de derechos fundamentales o prácticas antisindicales contratar con el Estado por dos años, no producen resultados contrarios a la Constitución.

El requirente reclamó que los preceptos impugnados infringen su garantía de igualdad ante la ley y debido proceso.