Se admitió a trámite con suspensión.

Normas que impiden a empresa contratar con el Estado en caso que se la condene por prácticas antisindicales, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.

La requirente alega que, en el caso concreto, las normas invocadas imponen una medida de exclusión desproporcionada, que vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de propiedad y el contenido esencial de esos derechos fundamentales.