Laboral · página 9

La ley exige que al momento del despido se encuentren pagadas las cotizaciones correspondientes al mes anterior, lo que en caso alguno quiere decir que ese mes anterior debe haber sido laborado íntegramente por el dependiente, pues ese requerimiento no se contiene en la norma.

La Ley N°16.744 busca proporcionar una protección integral contra riesgos laborales a todos los trabajadores, independientemente de su sector de empleo, resuelve la Corte Suprema.

La nulidad del despido no procede respecto de órganos del Estado, ya que estos no pueden convalidar libremente el despido y requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial, lo que genera una carga desigual.

La sentencia tiene carácter declarativo, por lo que el empleador está obligado a enterar las cotizaciones previsionales desde que se devenga la remuneración, y no puede excusarse en la falta de calificación previa del estipendio.

Si bien hubo un incumplimiento contractual, el cambio de funciones no fue lo suficientemente grave como para justificar un despido indirecto, ya que la decisión estuvo respaldada por una motivación razonable y las nuevas tareas no implicaron un perjuicio sustancial para la trabajadora.

La medida prejudicial probatoria interrumpe el plazo de caducidad para entablar la acción de despido injustificado, según los artículos 168 y 280 del Código de Trabajo y Procedimiento Civil.

La empresa principal no puede ser eximida de la nulidad del despido prevista en el artículo 162 inciso 5° del Código del Trabajo, al haberse comprobado que durante el régimen de subcontratación se incurrió en incumplimientos que deben ser controlados por dicha empresa.

Los jueces incurrieron en falta o abuso grave al aplicar el plazo de caducidad de la acción, sin considerar que tal plazo se suspendió por la denuncia ante la Inspección del Trabajo, desconociendo los fines de las organizaciones sindicales y de la representación del director sindical para reclamar por los actos vulneratorios -despidos- que afectaban a trabajadores de ese colectivo.

La sentencia sienta un precedente sobre la responsabilidad de los empleadores de intervenir frente a hostigamientos realizados por asociaciones de funcionarios contra otros trabajadores, aun cuando no exista una denuncia formal. Declara que se vulneró el derecho a no ser discriminados de dos ex directores regionales, pero se rechazó la indemnización por lucro cesante por tratarse de cargos de exclusiva confianza respecto de los cuales no existe expectativa de permanencia que justifique tal compensación.

En la especie, su ejercicio se encuentra supeditado a la acción que tiene por objeto la declaración judicial de la existencia de relación laboral, caso en el cual se puede deducir la excepción de prescripción de la acción, por haber transcurrido el término de dos años desde la conclusión de los servicios, mismo, que, por consiguiente, debe extenderse a la acción de despido injustificado.

El fallo impugnado se apartó del supuesto fáctico sobre el que opera la nulidad del despido, que exige no solo que se adeuden cotizaciones previsionales, sino que además, el contrato de trabajo termine por alguna de las causales que taxativamente señala el artículo 162 del Código del Trabajo.

Estimó que no existía disparidad de interpretaciones sobre la materia propuesta. Sentencias de contraste declaran la existencia de una relación laboral atendida la existencia de indicios suficientes para ello, pero el fallo impugnado decide lo contrario, dada la forma como se prestaron y desarrollaron los servicios, en el contexto de la pandemia por Covid.

Si se atribuye al vínculo existente entre las partes el carácter de laboral, bajo subordinación o dependencia, esto es, otorgándole un contenido determinado, debe mantenerse tal razonamiento. Al constatarse que no se pagaron las cotizaciones que debía retener y enterar el empleador, indefectiblemente debe concluirse que se configura la causal invocada por la trabajadora para su auto despido.

La resolución que concedió el recurso de apelación respecto de la resolución que ordenó la emisión de decreto de pago de las cotizaciones previsionales, no se encuentra dentro de las hipótesis establecidas en el artículo 8º de la Ley Nº 17.322, razón por la cual no era susceptible de ser impugnada por la vía intentada.

Conforme a esta normativa especial, no puede atribuírsele incumplimiento alguno a la institución demandada referido al pago de las cotizaciones previsionales o de salud; por consiguiente no puede darse aplicación en este caso al artículo 162 del Estatuto del Trabajo, en su incisos 5° y 7°, que instituye la nulidad del despido, por aplicación de la ley Bustos.

La primera debe interponerse dentro de 60 días desde que se produzca la vulneración. La segunda dentro de 60 días contados desde la separación. La caducidad es una sanción que afecta a la acción cuando es ejercida en forma extemporánea, pero, jamás a los hechos que le sirven de fundamento.

El sentenciador de la instancia omitió pronunciarse sobre una de las cuestiones sometidas a la decisión del tribunal —en particular, la acción de despido injustificado interpuesta por el trabajador—, infringiendo con ello lo preceptuado en el artículo 478, letra e), en relación con el artículo 459, N° 6, ambos del Código del Trabajo, configurando el motivo de nulidad consagrado en el primero de los preceptos citados, siendo tal vicio trascendente en cuanto implica que una de las pretensiones hechas valer por la parte actora no tuvo respuesta alguna por parte del tribunal en su pronunciamiento.

No se concedió el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en el período cubierto por la cláusula en la cual la demandante se obligó a enterar dichas cotizaciones en los organismos pertinentes, pero en el período no comprendido por la referida cláusula sí resulta procedente condenar a la demandada al pago de las cotizaciones previsionales y de salud que no se encontraren pagadas, ya que forman parte del concepto de seguridad social de cargo del empleador.

El juez incurrió en infracción de ley al aplicar e interpretar erróneamente los artículos 5, 168, 163 del Código del Trabajo y 1545 y 1546 del Código Civil, por cuanto condenó a la demandada a pagar un monto superior al que procedía, dado que se aplicó un recargo del 30% sobre una suma que no se corresponde a la base de cálculo prevista en la normativa particular que se dieron las partes, contenida en los respectivos Convenios Colectivos acordados con los Sindicatos.

En el proceso se controvierte expresamente la existencia de un vínculo laboral entre las partes y, consecuencialmente, la existencia del despido que la demandante alega, por lo que se yerra al separar la acción de despido injustificado de la anterior, por cuanto es evidente que no puede aplicarse lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, ni de ningún otro precepto, respecto de un período cuya naturaleza laboral está controvertida y que aún no ha sido asentada por la judicatura.

El tribunal condenó a Transportes Paihuen SA por vulnerar derechos fundamentales, ordenando el pago de más de $13 millones en indemnizaciones y la publicación de un aviso en sus instalaciones para garantizar el respeto a los derechos laborales.

Al haberse concluido que el despido del cual fue objeto la demandante es improcedente y que el empleador no pagó las cotizaciones previsionales durante la vigencia de la relación laboral, procede acceder a la nulidad del despido impetrada.

Los jueces recurridos incurrieron en falta o abuso al transgredir el artículo 510 del Código del Trabajo y aplicar el término previsto en el artículo 201 inciso cuarto del mismo Código, sin considerar que, en la especie, su ejercicio se encuentra supeditado a aquella que tiene por objeto una declaración judicial relativa a la verdadera naturaleza del vínculo, respecto de la cual se desprende que el término para plantearla era el de dos años desde la conclusión de los servicios, mismo que, debe extenderse a la acción de nulidad del despido que tiene como fundamento y antecedente esa controversi

Bajo la lógica del sentenciador, cuando un empleador privado está autorizado a poner término al contrato de trabajo por simple desahucio, vale decir, sin necesidad de invocar causal legal (sin explicar sus motivos), sus razones no serían objeto de control judicial, lo que contradice la jurisprudencia de los tribunales del trabajo que exige al empleador razonabilidad y proporcionalidad incluso en el ejercicio del despido libre cuando enfrenta una tutela.

Editado por Editorial Tirant lo Blanch y escrito por la profesora de Derecho Laboral de la U. Finis Terrae y of counsel en Parga, Montes & Vasseur, Laborales, Dra. Lucía Debesa Arregui, el libro será presentado el miércoles 27 de noviembre en dicha casa de estudios.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la apreciación de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la acción.

El pronunciamiento atiende a las modificaciones legales introducidas por la Ley N°21.693.

El juez descartó error en la resolución de multa dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de El Loa-Calama.

Aplicativo agilizará la solicitud y respuesta de estas peticiones, concentradas especialmente en el sector minero.

No es posible aplicar las disposiciones contenidas en el Párrafo 2° del Título VII del Libro I del Código del Trabajo a los profesionales de la educación regidos por el Estatuto Docente.