Receptación y prueba ilícita
Suprema mantiene condena pese a detención declarada ilegal
La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de un hombre condenado por receptación de vehículo motorizado y receptación de especies, al estimar que no se desarrolló adecuadamente la supuesta vulneración de garantías fundamentales ni su influencia en la condena.
La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de un hombre condenado por receptación de vehículo motorizado y receptación de especies, al estimar que no se desarrolló adecuadamente la supuesta vulneración de garantías fundamentales ni su influencia en la condena.
El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo lo había condenado a tres años y un día de presidio, multa de una UTM y las accesorias legales, por hechos ocurridos el 9 de octubre de 2019. El fallo también ordenó el comiso de las especies incautadas y absolvió al coacusado.
La defensa recurrió de nulidad alegando que la detención vulneró las garantías de libertad personal y debido proceso, pues, a su juicio, la policía actuó sin contar con un indicio objetivo y comprobable y solo habría conocido posteriormente el robo del vehículo.
También destacó que el Juzgado de Garantía declaró ilegal la detención, por lo que sostuvo que la prueba obtenida a partir de ese procedimiento debía excluirse por ilícita.
En consecuencia, solicitó anular el juicio y la sentencia, excluir las pruebas cuestionadas y ordenar la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.
Durante la audiencia, la defensa formuló alegaciones generales y, según la Corte, no explicó en detalle el procedimiento policial que calificó como ilegal. El Ministerio Público, en cambio, sostuvo que el recurso debía ser rechazado.
La Corte Suprema recordó que el recurso de nulidad es de derecho estricto y exige que la defensa exponga claramente sus fundamentos, peticiones concretas y la forma en que la infracción alegada influyó en la sentencia.
En este caso, estimó que la defensa no desarrolló adecuadamente la causal invocada, pues se limitó a insistir en que la detención había sido declarada ilegal, sin explicar de qué manera esa actuación vulneró sustancialmente las garantías del condenado ni cuál fue su incidencia concreta en las pruebas que sustentaron la condena.
La Corte Suprema agregó que el recurso presentaba imprecisiones relevantes, pues en su parte petitoria invocaba una causal distinta a la desarrollada y citaba normas ajenas a ella.
A juicio del máximo tribunal, esas deficiencias impidieron contar con los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la impugnación. Además, recordó que no corresponde a la Corte suplir de oficio la argumentación que debe desarrollar el recurrente, por lo que desestimó la causal de nulidad.
La Corte Suprema sostuvo que la declaración de ilegalidad de una detención no implica, por sí sola, una vulneración sustancial de las garantías fundamentales ni determina automáticamente la exclusión de la prueba obtenida.
Explicó que esa decisión, adoptada en una etapa preliminar del proceso, no produce cosa juzgada respecto de la licitud de la prueba. Por ello, el tribunal que conoce el juicio puede evaluar nuevamente la cuestión considerando todos los antecedentes debatidos y rendidos, e incluso descartar que la prueba sea ilícita.
De esta manera, al no haberse desarrollado adecuadamente la causal invocada ni acreditado una infracción sustancial de garantías fundamentales, así como tampoco su influencia en la parte dispositiva del fallo, la Corte Suprema rechazó íntegramente el recurso de nulidad.
En consecuencia, mantuvo la sentencia condenatoria y declaró que tanto el juicio oral como el fallo pronunciado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo no son nulos.
