Proyecto de ley busca sancionar venta ilegal de medicamentos abortivos

Un proyecto de ley propone modificar el Código Penal para tipificar como delito autónomo la venta, distribución, oferta, suministro, facilitación o intermediación ilegal de sustancias o medicamentos destinados a provocar un aborto fuera de los casos permitidos por la ley, ya sea que estas conductas se realicen gratuitamente o a cambio de dinero y por cualquier medio.

La iniciativa surge a partir de la proliferación en Chile de un mercado clandestino de medicamentos con efectos abortivos, que son ofrecidos y comercializados principalmente a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería e internet, sin control sanitario ni supervisión profesional.

Según los fundamentos del proyecto, en este mercado se venden fármacos como el misoprostol y otras sustancias de efectos similares que requieren evaluación clínica y supervisión médica debido a los riesgos asociados a su utilización.

La moción advierte que la automedicación al margen de estos controles puede provocar hemorragias graves, infecciones, abortos incompletos y otras complicaciones capaces de poner en riesgo la vida y la salud de la mujer.

Por ello, sus autores sostienen que el fenómeno que buscan enfrentar tiene una doble dimensión: por una parte, facilita la realización de abortos fuera de los casos permitidos por la legislación y, por otra, expone a las mujeres a riesgos sanitarios que se agravan cuando los medicamentos son obtenidos mediante canales clandestinos, anónimos y sin supervisión profesional.

Actualmente, el aborto constituye un delito en Chile, salvo en las tres causales expresamente permitidas por la Ley N°21.030. Sin embargo, la venta ilegal de medicamentos destinados a provocar un aborto fuera de esos supuestos se persigue principalmente como una infracción a la normativa sanitaria, de acuerdo con los artículos 100 y 174 del Código Sanitario, o eventualmente como un delito contra la salubridad pública.

La iniciativa advierte que estas figuras no consideran específicamente que el medicamento haya sido vendido con la finalidad de provocar un aborto fuera de los casos permitidos por la ley.

Los autores explican que existe una diferencia entre quien participa directamente en la realización de un aborto determinado y quien comercializa medicamentos abortivos a un público indeterminado.

En el primer caso, si una persona facilita directamente los medios para cometer un aborto determinado y actúa de acuerdo con quien lo realiza, puede responder como autor conforme al artículo 15 N°3 del Código Penal y quedar sujeto a la pena prevista para el respectivo delito de aborto.

En cambio, quien vende un medicamento sabiendo el uso que puede darse a este, pero sin haberse concertado previamente con una persona determinada, como ocurre habitualmente en las ventas realizadas por redes sociales, puede quedar sujeto únicamente a sanciones sanitarias o, en determinados casos, al artículo 314 del Código Penal, que castiga el expendio de sustancias peligrosas para la salud en contravención a la normativa aplicable.

Para los autores, ninguna de estas alternativas refleja adecuadamente la finalidad específica de proporcionar sustancias destinadas a provocar un aborto fuera de las hipótesis autorizadas legalmente.

La moción sostiene que existe, por tanto, un vacío en el tratamiento penal de estas conductas, las que, según sus impulsores, ponen en peligro la vida de la persona no nacida y pueden también ocasionar graves consecuencias para la mujer que utiliza estos medicamentos sin supervisión sanitaria.

El proyecto explica que el problema se relaciona con los requisitos necesarios para sancionar actualmente al vendedor como partícipe del delito de aborto. Para que exista complicidad se requiere, entre otros elementos, una vinculación previa con la comisión de un aborto determinado y el dolo directo que, según la iniciativa, deriva de la expresión “maliciosamente” utilizada en el artículo 342 del Código Penal.

Estos requisitos normalmente no estarían presentes cuando una persona ofrece medicamentos abortivos a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería a un número indeterminado de potenciales compradores, sin conocer las circunstancias particulares de cada caso ni saber si finalmente serán utilizados dentro o fuera de las causales legales.