Corte valida término anticipado de contrato por atraso en obras

La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por una empresa contratista contra la Municipalidad de Calera de Tango y mantuvo vigentes los decretos alcaldicios que autorizaron el cobro de multas por atraso en la ejecución de obras y dispusieron el término anticipado de un contrato.

El tribunal concluyó que la multa originalmente aplicada quedó firme al no ser impugnada oportunamente y que el término anticipado del contrato se fundó en incumplimientos graves no controvertidos por la empresa. La contratista acumuló 195 días de retraso pese a haber obtenido siete prórrogas, que extendieron el plazo de ejecución hasta el 16 de abril de 2025, sin solicitar una nueva ampliación ni obtener la recepción provisoria de las obras.

La empresa impugnó los decretos municipales que autorizaron el cobro de multas con cargo a la garantía de fiel cumplimiento y el término anticipado del contrato. Alegó que el retraso se debió a negligencia del municipio, por la entrega tardía de certificados necesarios para el empalme eléctrico y el cambio del Inspector Técnico de Obra, además de denunciar que no tuvo oportunidad de formular descargos antes de la aplicación de las sanciones.

La Municipalidad de Calera de Tango solicitó rechazar el reclamo, argumentando que esta vía no era adecuada para resolver controversias sobre el fondo del contrato administrativo, las que debían discutirse ante un tribunal civil. Sostuvo además que las medidas impugnadas se ajustaron a las bases de licitación, respetaron el principio de contradicción y que la empresa fue notificada de las observaciones de la Inspección Técnica de Obra y pudo presentar recursos administrativos. Agregó que la contratista no solicitó una nueva prórroga después del 16 de abril de 2025 y que, al vencer el plazo, las obras seguían inconclusas y no se había pedido su recepción provisoria.

La Corte de San Miguel rechazó el reclamo. Antes de pronunciarse sobre el fondo, el tribunal acogió las tachas formuladas respecto de los testigos presentados por la empresa reclamante, al constatar que esas personas habían prestado servicios para la contratista en el proyecto y que una de ellas además había ejercido como representante legal de la sociedad. Por ello, estimó configuradas las causales de inhabilidad previstas en el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

En relación con las multas, el tribunal observó que el Decreto cuestionado por la empresa se limitaba a complementar otro Decreto estableciendo únicamente la forma en que debía materializarse su cobro. Así constató que el acto que había impuesto originalmente la multa era el Decreto de 28 de abril de 2025 el cual no fue reclamado oportunamente por la contratista, por lo que se encontraba firme y ejecutoriado.

En consecuencia, el tribunal sostuvo que la empresa no podía cuestionar indirectamente la legalidad de una sanción que ya se encontraba firme mediante la impugnación de un acto posterior que solo regulaba la forma de hacer efectivo su cobro.