APREMIOS ILEGÍTIMOS: INDEMNIZACIÓN
Corte de Santiago eleva a $10 millones indemnización a víctima de torturas ocurridas en 1983
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una sentencia que condenó al Fisco a indemnizar a una víctima de detención ilegal, apremios y torturas ocurridas en 1983, pero aumentó de $3 millones a $10 millones la suma fijada por concepto de daño moral.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una sentencia que condenó al Fisco a indemnizar a una víctima de detención ilegal, apremios y torturas ocurridas en 1983, pero aumentó de $3 millones a $10 millones la suma fijada por concepto de daño moral.
El tribunal recordó que el daño moral debe ser acreditado por quien afirma haberlo sufrido, ya que no existen perjuicios morales que puedan presumirse automáticamente, ni siquiera tratándose de víctimas directas. Sin embargo, precisó que las características del hecho que origina el daño pueden facilitar su demostración. En todo caso, debe establecerse la existencia efectiva del dolor o sufrimiento causado por la conducta ilícita.
En este caso, la Corte consideró acreditada la conducta ilícita que dio origen al perjuicio reclamado y estimó posible inferir la existencia de un daño psicológico, atendido el contexto histórico en que ocurrieron los hechos, caracterizado por una situación especialmente convulsionada y por las escasas posibilidades que existían entonces de recurrir a las instituciones para obtener protección de los derechos fundamentales.
Para determinar el monto de la reparación, el tribunal tuvo en cuenta la entidad y gravedad de los hechos sufridos por el demandante.
Según estableció la sentencia, la víctima tenía 25 años cuando fue detenida el 30 de agosto de 1983. Posteriormente fue trasladada al cuartel de la Policía de Investigaciones ubicado en calle Los Alerces con Macul y, luego, al cuartel de General Mackenna. Permaneció privada de libertad entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de ese año.
Durante ese período fue sometida a apremios y malos tratos, entre ellos golpizas con puños y pies, sofocación, golpes en la cabeza con una barra de metal, rociado con spray y tortura psicológica. A partir de estos antecedentes, la Corte concluyó que era posible deducir la existencia de un detrimento psíquico que debía ser indemnizado.
Los magistrados estimaron que los $3 millones establecidos por el tribunal de primera instancia no resultaban suficientes para reparar el daño provocado por las torturas y golpizas, que calificaron como crueles y reiteradas.
La Corte sostuvo que la indemnización debía satisfacer la legítima pretensión de justicia de la víctima y compensar el mal sufrido, pero sin exceder el deterioro efectivamente causado. Para ello, señaló que debe existir proporcionalidad entre el monto de la reparación y la intensidad del daño.
Al fijar la indemnización, el tribunal consideró especialmente las características de los apremios ilegítimos, su extensión y la existencia de antecedentes que dan cuenta de que la víctima continúa actualmente sufriendo trastornos o secuelas significativas derivadas de lo ocurrido. Con esos criterios, elevó el monto por daño moral a $10 millones.
En definitiva, la Corte de Santiago confirmó la sentencia de primer grado, pero aumentó la indemnización en favor del demandante desde $3 millones a $10 millones, suma que deberá pagarse con los reajustes establecidos en el fallo de primera instancia y con intereses desde que el Fisco incurra en mora.
El ministro Hernán Crisosto estuvo por elevar la reparación únicamente hasta $5 millones.
Vea sentencia Corte de Santiago Rol Nº7.892-2025 y del Primer Juzgado Civil de Santiago Rol NºC-4300-2022.
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