Fisco deberá pagar $50 millones a víctima de prisión política y tortura pese a sentencia anterior que declaró prescrita la acción

El tribunal tuvo por establecido que el demandante fue víctima de detención ilegal, apremios ilegítimos y torturas cometidas por agentes del Estado durante 1975, y que figura en la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Valech I.

El tribunal reconoció que la demanda anterior se basaba en los mismos hechos y había sido rechazada por una sentencia firme que declaró prescrita la acción. Sin embargo, estimó que las obligaciones internacionales asumidas por Chile en materia de derechos humanos debían prevalecer cuando está en juego el derecho de las víctimas a obtener una reparación efectiva.

Por ello, concluyó que la cosa juzgada no podía liberar al Estado de su deber de reparación integral. Aclaró que esto no implicaba invalidar las sentencias anteriores, sino dar preeminencia al derecho a la reparación reconocido en los tratados internacionales y en el artículo 5° inciso segundo de la Constitución. En consecuencia, rechazó la excepción.

El tribunal rechazó la alegación de reparación integral del Fisco. Señaló que las leyes dictadas por el Estado reconocen su deber de reparar a las víctimas, pero que correspondía al demandado demostrar que los beneficios ya otorgados extinguían completamente la obligación indemnizatoria, lo que no se acreditó con el oficio del Instituto de Previsión Social.

El fallo destacó que la Ley N°19.992 contempla una pensión compatible con otros beneficios y que las políticas de reparación incluyen medidas institucionales, simbólicas, colectivas e individuales, sin que las prestaciones económicas cubran necesariamente todos los perjuicios. Además, recordó que la Ley N°20.874 calificó como “parcial” el aporte único concedido a las víctimas. Por ello, concluyó que esas reparaciones no impiden solicitar judicialmente una indemnización por daño moral.

El tribunal rechazó las excepciones de prescripción, al estimar que la acción no era meramente patrimonial, sino que buscaba reparar violaciones a los derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad, cuya fuente se encuentra en la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario y los tratados suscritos por Chile.

El fallo sostuvo que aplicar los plazos civiles de prescripción sería incompatible con el deber estatal de proteger los derechos fundamentales y concluyó que la imprescriptibilidad debe comprender tanto la persecución penal de estos crímenes como la acción civil destinada a indemnizar los daños que provocaron.

Descartadas las defensas del Fisco, el tribunal estableció la responsabilidad del Estado al tener por acreditado que el demandante fue víctima directa de un crimen de lesa humanidad cometido por agentes estatales. El juzgado recordó que el derecho internacional de los derechos humanos obliga al Estado responsable de una violación a reparar sus consecuencias y otorgar una indemnización justa a la persona afectada.

El tribunal tuvo por acreditado el daño moral sufrido por el demandante a raíz de la prisión política y las torturas, considerando sus efectos en la integridad psíquica, la libertad personal y su vida posterior. Sin embargo, estimó que la prueba rendida no justificaba los $500 millones solicitados, ya que no se presentaron testigos ni antecedentes suficientes para sustentar ese monto.

Especial relevancia tuvo el informe psicológico del Programa PRAIS, que constató secuelas persistentes como estrés postraumático, neurosis depresiva, problemas de memoria, alteraciones del ánimo, hipervigilancia, temor, pérdida de redes de apoyo y repercusiones familiares y transgeneracionales.

Por ello, el Juzgado Civil fijó prudencialmente la indemnización por daño moral en $50 millones, suma que deberá reajustarse conforme al IPC y devengará intereses corrientes desde que la sentencia quede ejecutoriada.

En definitiva, el tribunal rechazó las excepciones de cosa juzgada, reparación integral y prescripción, y acogió parcialmente la demanda, condenando al Fisco a pagar $50 millones por daño moral derivado de la detención ilegal, prisión política y torturas sufridas por el actor. No impuso costas al Estado, al estimar que litigó con motivo plausible.

Vea sentencia Vigesimoprimer Juzgado Civil de Santiago Rol Nº21.727-2024.