Suprema anula condena por consumo de drogas de exmarino y ordena que el caso pase al Ministerio Público

Ante ese resultado se solicitó un segundo examen de confirmación, pero el funcionario se negó a realizarlo y dejó constancia escrita de su decisión. Sobre la base de estos antecedentes, el tribunal consideró configurado el delito de consumo de drogas por personal militar previsto en la Ley N°20.000.

La Corte Suprema recordó que la justicia militar tiene un carácter excepcional y debe aplicarse de manera restrictiva, únicamente respecto de conductas que afecten bienes jurídicos propios de las funciones militares.

El fallo añadió que este criterio también ha sido sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que llevar a la justicia castrense un asunto que corresponde a los tribunales ordinarios puede vulnerar el derecho al juez natural y el debido proceso.

Por ello, la Corte centró su análisis en determinar si la conducta investigada presentaba razones estrictamente militares que justificaran que fuera conocida por una jurisdicción especial.

En el caso concreto, la Corte Suprema observó que el acusado era integrante de la Armada, pero no se acreditó que el consumo de drogas hubiera ocurrido dentro de una dependencia militar ni durante o con ocasión de un acto de servicio.

El fallo recordó que la justicia militar conoce los delitos que la ley le atribuye expresamente y ciertos delitos comunes cometidos por militares en circunstancias vinculadas directamente con el servicio o en recintos militares.

Añadió que el artículo 14 de la Ley N°20.000 sanciona el consumo de drogas por personal militar, pero establece una pena más grave cuando la conducta ocurre precisamente en las situaciones o lugares previstos en el Código de Justicia Militar.

A partir de esa regulación, la Corte Suprema efectuó una distinción. Si el consumo de drogas por personal militar ocurre en las circunstancias o dependencias específicamente señaladas por el Código de Justicia Militar, el hecho debe ser conocido por los tribunales militares y mediante el procedimiento previsto para esa jurisdicción.

Distinta es, señaló, la situación cuando el consumo se produce fuera de esas circunstancias o lugares. En ese supuesto, aunque se trata de un delito que solo puede ser cometido por personal militar —pues la misma conducta no constituye delito respecto de un civil—, la infracción está regulada en la Ley N°20.000 y no en el Código de Justicia Militar.

Por esa razón, y al no existir una norma expresa que entregue competencia absoluta a la justicia militar para conocer de ese supuesto, la Corte concluyó que los hechos debieron ser investigados conforme a las reglas del Código Procesal Penal por la justicia ordinaria. El fallo añadió que esta interpretación constituye una garantía del debido proceso para la persona sometida a persecución penal.

En consecuencia, la Corte Suprema acogió la casación en la forma y declaró nula la sentencia dictada por la Corte Marcial de la Armada. Además, invalidó todo lo obrado y ordenó poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público de la Región de Valparaíso.

Debido a que la causa quedó resuelta por la incompetencia de la justicia militar, la Corte tuvo por no interpuesto el recurso de casación en el fondo, por lo que no se pronunció sobre los cuestionamientos planteados por la defensa acerca de la prueba utilizada para acreditar el consumo ni sobre su solicitud de absolución. Asimismo, dejó constancia de que su decisión se apartó de lo informado por el Fiscal Judicial subrogante de la Corte Suprema.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº30.460-2024.