Corte de La Serena anula juicio y la sentencia condenatoria por deficiencias en valoración de prueba y determinación de autoría

Uno de los principales problemas detectados estuvo en la valoración del peritaje biológico. La prueba forense había permitido detectar la presencia de fluido seminal humano en muestras biológicas, pero no existía una identificación genética que permitiera determinar que dicho material correspondía a alguno de los acusados.

A juicio de la Corte, esa evidencia tenía un carácter meramente indiciario respecto de la existencia de contacto sexual. Sin embargo, el Tribunal Oral había dado a la presencia de semen no identificado genéticamente un valor corroborativo relevante para aumentar la credibilidad del relato de la víctima y acreditar la autoría de uno de los acusados, así como la falta de consentimiento.

El tribunal de alzada consideró que ese razonamiento contenía un salto lógico, pues el Tribunal Oral había reconocido al mismo tiempo la existencia de una deficiencia probatoria derivada de la falta de un perfil de ADN, pero utilizó igualmente el peritaje como elemento decisivo de corroboración. La Corte estimó que ambas afirmaciones no habían sido debidamente conciliadas.

Respecto de la acusada, la Corte detectó además deficiencias en la fundamentación de su participación. La acusada había sido vinculada con la conducta de sujetar los brazos de la víctima durante el hecho. Sin embargo, el Dato de Atención de Urgencia, incorporado al proceso, descartaba expresamente la existencia de lesiones en las axilas o en los miembros superiores.

Frente a esa ausencia de evidencia física, el Tribunal Oral había sostenido que la víctima pudo haber sido tomada de una manera que no generara lesiones. Para la Corte de Apelaciones, esa explicación reemplazó la falta de prueba por una hipótesis no acreditada.

El tribunal también cuestionó que el hallazgo de semen fuera valorado de manera indistinta como elemento incriminatorio respecto de ambos acusados, sin explicar de qué manera una muestra seminal podía constituir un antecedente incriminatorio respecto de la acusada.

Otro aspecto determinante fue la falta de fundamentación sobre la calificación jurídica de la participación de la acusada. La Corte constató que el Tribunal Oral había reconocido que la violación es un delito de propia mano y que solo uno de los acusados había ejecutado materialmente el acceso carnal. No obstante, calificó la conducta de la acusada como autoría, bajo la figura de “facilitación de medios” prevista en el artículo 15 N°3 del Código Penal, sin explicar qué medio material o intelectual habría proporcionado.

La defensa había sostenido que sujetar los brazos de la víctima de manera simultánea a la ejecución del delito no constituía una facilitación de medios, figura asociada a aportes preparatorios o materiales, sino una cooperación durante la ejecución que debía ser considerada como complicidad conforme al artículo 16 del Código Penal.

La Corte observó que el fallo tampoco se hizo cargo de esta tesis defensiva ni explicó por qué correspondía descartar la calificación de cómplice. Además, el Tribunal Oral había aludido a la existencia de un “concierto previo” entre los acusados para fundamentar la autoría, pero sin establecer previamente hechos concretos que permitieran sostener la existencia de ese acuerdo.

En cuanto a la defensa del otro acusado, la Corte también advirtió problemas en la valoración del relato de la víctima. La defensa había señalado contradicciones relevantes entre su primera declaración y versiones posteriores, entre ellas que inicialmente no había mencionado la presencia de la segunda acusada ni un asado previo y había referido una pérdida de conocimiento.

También se habían planteado diferencias entre los testimonios respecto del lugar exacto donde habría ocurrido el hecho, particularmente si fue al interior o exterior de la vivienda, así como sobre su eventual motivación, vinculada según distintas versiones a un conflicto por un teléfono celular o a disputas territoriales entre vecinos.

La Corte concluyó que estos elementos debían ser examinados nuevamente en un juicio que cumpliera con las exigencias de fundamentación y valoración racional de la prueba.

El tribunal de alzada estableció que las deficiencias detectadas tuvieron influencia sustancial en lo decidido, pues se transformó una prueba pericial incompleta e indiciaria en un elemento de carácter prácticamente directo para sustentar la autoría; se suplió la ausencia de evidencia física sobre la sujeción de la víctima mediante una hipótesis no acreditada; y se atribuyó a una de las acusadas la calidad de autora sin explicar suficientemente la figura de facilitación de medios ni hacerse cargo de la posibilidad de una participación como cómplice.

De esta manera, la Corte consideró vulnerado el deber de fundamentación exigido por los artículos 297 y 342 letra c) del Código Procesal Penal y, con ello, las garantías del debido proceso.

En consecuencia, acogió los recursos de nulidad deducidos por ambas defensas, declaró nulos el juicio oral y la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle y ordenó retrotraer la causa al estado de realizarse un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.

Vea sentencia Corte de La Serena Rol N° 523-2026 (Penal).