Corte de Chillán rebaja pena por incendio en contexto de violencia intrafamiliar al descartar agravación del artículo 479 del Código Penal

Respecto de la primera alegación, la defensa sostuvo que el acusado se presentó voluntariamente ante Carabineros después de los hechos y entregó el encendedor utilizado, circunstancias que, a su juicio, justificaban reconocer la atenuante.

La Corte desestimó este argumento y mantuvo lo resuelto por el tribunal oral. Señaló que la apreciación sobre el cumplimiento de los requisitos de las circunstancias atenuantes corresponde al tribunal que conoce el juicio y estimó que la sentencia había fundamentado suficientemente su decisión. En particular, consideró que la presentación del acusado ocurrió después de un hecho de pública notoriedad y cuando ya se habían iniciado diligencias policiales.

Distinta fue la decisión respecto del artículo 479 del Código Penal. Esta norma establece una regla de mayor penalidad cuando el fuego se comunica desde el objeto que el autor pretendía quemar hacia otro u otros cuya destrucción, por su naturaleza o consecuencias, debe castigarse con mayor severidad.

La defensa sostuvo que esa disposición no era aplicable, porque tanto la vivienda donde comenzó el incendio como los tres inmuebles colindantes afectados eran bienes de la misma naturaleza, esto es, viviendas o moradas.

La Corte acogió esta alegación y concluyó que existió un error de derecho. Estableció que todos los inmuebles alcanzados por el fuego eran viviendas, por lo que la propagación de las llamas no se produjo hacia bienes cuya destrucción tuviera asignada una pena más severa que la correspondiente al inmueble inicialmente incendiado.

El fallo recordó que el artículo 476 N°1 del Código Penal sanciona con presidio mayor en cualquiera de sus grados a quien incendie un edificio o lugar destinado a servir de morada que no se encuentre actualmente habitado. En cambio, el artículo 479 permite aplicar una pena más grave cuando el fuego se extiende a otros objetos cuya destrucción, por su naturaleza o consecuencias, merece un castigo superior.

La Corte observó que el tribunal de primera instancia había citado el artículo 479 para determinar la pena, pero no explicó por qué la propagación del fuego desde una vivienda hacia otras debía castigarse con mayor severidad ni cómo esa circunstancia se diferenciaba de la valoración de la extensión del daño causado.

Para el tribunal de alzada, esa omisión constituyó un error de derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, pues llevó a imponer una pena más elevada sin que se hubieran establecido los requisitos necesarios para aplicar la regla especial de agravación.

La Corte tuvo en cuenta que el incendio fue provocado intencionalmente, destruyó completamente dos viviendas y causó daños en otras dos, afectando a cuatro grupos familiares. Sin embargo, estimó que esas consecuencias podían ser consideradas al momento de fijar la pena concreta, pero no bastaban por sí solas para aplicar el artículo 479 del Código Penal.

Descartada esa agravación, la Corte debió determinar nuevamente la pena correspondiente al delito de incendio. Consideró que a favor del acusado concurría únicamente la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, prevista en el artículo 11 N°9 del Código Penal, sin circunstancias agravantes.

En esas condiciones, el artículo 68 del Código Penal obligaba a excluir el grado máximo de la pena asignada al delito. Por ello, la Corte rebajó la condena por incendio desde 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Para fijar la sanción dentro de ese tramo, ponderó la extensión del mal causado, especialmente el hecho de que el incendio afectó a cuatro grupos familiares.

En cuanto a los demás delitos, la sentencia mantuvo la condena de 541 días de reclusión menor en su grado medio por desacato en contexto de violencia intrafamiliar y confirmó la absolución por el delito de amenazas.

Finalmente, la Corte dispuso que las penas deberán cumplirse de manera efectiva y sucesiva. Para efectos de su cumplimiento, reconoció 203 días de abono correspondientes al período en que el condenado permaneció en prisión preventiva, entre el 16 de noviembre de 2024 y el 3 de junio de 2025.

Vea sentencia Corte de Chillán Rol N°589-2026 (Penal) y de reemplazo.