Se rechaza requerimiento contra norma que restringe recurso de apelación en asuntos que se conocen ante Juzgados de Policía Local

Señalaron además que la comparación propuesta por el requirente con el juicio ordinario es indebida: no basta invocar el modelo del juicio civil ordinario como parámetro único para evaluar la constitucionalidad de normas que regulan procesos excepcionales, más aún cuando otras ramas (laboral, familia, penal) admiten también restricciones análogas.

Sostuvieron que los tratados internacionales citados, que reconocen el derecho al recurso, lo hacen principalmente en el contexto penal y respecto de fallos definitivos, por lo que su invocación no impone la obligación de prever apelación contra toda resolución intermedia en procesos no penales.

Asimismo, explicaron que la tutela efectiva del afectado no queda desamparada por la regulación impugnada: si la sentencia definitiva es recurrible, en ella pueden plantearse y repararse las irregularidades procesales previas que hayan influido en el resultado final, asegurando la posibilidad real de defensa; la existencia de un recurso amplio contra la decisión final satisface la exigencia constitucional de un procedimiento racional y justo cuando ese recurso permite corregir vulneraciones relevantes ocurridas en etapas intermedias.

Finalmente, admitieron que la alternativa de hacer reversible cada resolución interlocutoria conllevaría consideraciones de conveniencia procesal y posibles dilaciones, pero enfatizaron que tales objeciones configuran una discusión de política legislativa (lege ferenda) y no una causal de inconstitucionalidad; por tanto, concluyeron que la limitación prevista en el inciso primero del artículo 32 de la Ley 18.287 constituye una opción legislativa razonable y proporcionada en el marco de un procedimiento especial, de modo que el requerimiento debe ser desestimado.

Los Ministros señores Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery y Mario Gómez estuvieron por acoger el requerimiento, al considerar que la disposición impugnada, al excluir recursos contra resoluciones de los Juzgados de Policía Local, vulnera garantías constitucionales como la igualdad ante la ley y el debido proceso, al impedir la revisión jerárquica de controversias que pueden ser complejas y de interés general.

Argumentaron que la falta de medios de impugnación frente a decisiones interlocutorias o incidentales priva a las partes de un elemento esencial del derecho a un procedimiento racional y justo, cual es la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior para corregir eventuales errores.

Señalaron que el artículo 32 de la Ley N° 18.287, al restringir la apelación solo a las sentencias definitivas, produce un efecto contrario a las garantías constitucionales, ya que impide revisar resoluciones que pueden afectar el derecho al debido emplazamiento o la correcta tramitación del proceso. Agregaron que el derecho al recurso forma parte integrante del debido proceso, según lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia constitucional, y que su exclusión no puede justificarse en razones de simplicidad procesal o de acceso a la justicia vecinal.

Por ello, estimaron que debía declararse inaplicable el precepto impugnado en la gestión pendiente, a fin de restablecer la plena competencia del tribunal de alzada y asegurar la tutela judicial efectiva.

Vea sentencia Rol N°16.142-25.