Norma que exige “buena conducta” para jurar como abogado se cuestiona ante el Tribunal Constitucional

Frente a la última resolución, de fecha 19 de diciembre de 2025, la requirente interpuso un recurso de protección, el cual fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones, encontrándose actualmente pendiente la apelación ante la Corte Suprema.

El requerimiento sostiene que impedir el acceso al título de abogado por no cumplir un requisito tan indeterminado como el de “buena conducta” constituye una sanción excesivamente gravosa, que además no contempla mecanismos para subsanar el supuesto incumplimiento. Según se argumenta, ello genera una discriminación arbitraria respecto de otros procedimientos administrativos o profesionales, en los que la falta de un requisito no implica la pérdida definitiva del derecho.

Asimismo, se afirma que la norma cuestionada afecta el debido proceso, en la medida que permite denegar el título profesional sin la existencia de un procedimiento previo racional y justo ni una instancia efectiva de defensa. En relación con la libertad de trabajo, se sostiene que la disposición impide injustificadamente el acceso a una profesión lícita.

La requirente también alega que la norma vulnera la presunción de inocencia y el principio non bis in idem, al considerar hechos que fueron objeto de un sobreseimiento definitivo hace más de dieciséis años. A su juicio, ello equivale a imponer una sanción permanente por hechos que jurídicamente dejaron de existir.

En el apartado relativo a la proporcionalidad, el requerimiento sostiene que la norma no satisface los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto exigidos por la jurisprudencia constitucional para justificar limitaciones a derechos fundamentales.

En apoyo de sus argumentos, se cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha cuestionado normas que otorgan amplias facultades discrecionales sin parámetros objetivos, por estimar que dichas disposiciones pueden afectar la privacidad y la dignidad de las personas. Asimismo, se invocan pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al trabajo y el principio de no discriminación.

Finalmente, se señala que el artículo impugnado tiene carácter decisivo en la resolución del recurso de protección pendiente ante la Corte Suprema, toda vez que fue la base normativa utilizada para rechazar la solicitud de juramento como abogada. En consecuencia, se solicita al Tribunal Constitucional aplicar los principios pro requirente y de fuerza expansiva de los derechos humanos.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional deberá resolver si admite a trámite el requerimiento y confiere traslado a las partes de la gestión pendiente por el plazo de diez días para que se pronuncien sobre su admisibilidad. En caso de declararse admisible, corresponderá posteriormente al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Vea texto requerimiento y expediente Rol N°17417-26.