Alcalde de Loncoche recurre al Tribunal Constitucional por suspensión automática del cargo prevista en la Ley de Municipalidades

El alcalde de la Municipalidad de Loncoche, Alexis Pineda Ruiz, interpuso ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la segunda parte del inciso octavo del artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, contenida en el DFL N°1 de 2006, norma que dispone la suspensión inmediata del cargo de alcalde una vez notificada la sentencia de primera instancia que acoja un requerimiento por notable abandono de deberes o contravención grave a las normas sobre probidad administrativa.

La acción constitucional se funda en que la aplicación de dicho precepto legal en la causa actualmente tramitada ante el Tribunal Electoral Regional de la Araucanía, rol N°13-2024, resultaría contraria a la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3 de la Constitución, así como a normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El requerimiento tiene su origen en una acción de remoción deducida el 1 de junio de 2024 por dos concejales, quienes solicitaron la cesación en el cargo del alcalde de Loncoche y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, o bien, en subsidio, la aplicación de alguna de las sanciones disciplinarias previstas en la Ley N°18.883. Los fundamentos del requerimiento incluyen imputaciones por manejo en estado de ebriedad, uso indebido de vehículo fiscal, eventuales inhabilidades para contratar, contravención a normas de compras públicas, supuestas irregularidades en la Expo Loncoche 2023-2024, deficiencias de información al concejo municipal, observaciones a la cuenta pública, falta de control de fondos en educación y malos tratos a concejales.

En su presentación ante el Tribunal Constitucional, la defensa del edil sostiene que la suspensión automática del cargo prevista en el inciso octavo del artículo 60 constituye una genuina sanción administrativa de plano, que se impone sin procedimiento previo, sin resolución fundada y sin posibilidad de impugnación, vulnerando gravemente el debido proceso. Argumenta que dicha suspensión opera de pleno derecho por el solo ministerio de la ley, antes de que el procedimiento sancionatorio se encuentre afinado y mientras la sentencia de primera instancia es aún susceptible de apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones.