Tribunal Constitucional no admite a trámite inaplicabilidad contra norma de ley de penas sustitutivas

Según la presentación, la norma impugnada genera una diferencia arbitraria al impedir que el requirente, pese a contar con mayores abonos, pueda acceder a un cumplimiento alternativo de la pena, lo que infringe el principio indubio pro reo y el deber del juez de aplicar la opción más favorable al condenado. En el caso concreto la aplicación del precepto legal carece de fundamentos razonables y objetivos, consolidando una situación de arbitrariedad. Además, advierte que la norma no supera el test de idoneidad, al no contribuir a los fines que el propio legislador atribuye a la pena, particularmente la reinserción social del penado.

Agrega que, aunque la Constitución no menciona expresamente la reinserción social como finalidad de la pena, esta se encuentra reconocida en el artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que las penas privativas de libertad deben tener como objetivo esencial la reforma y readaptación social del condenado.

Asimismo, destaca que la Ley N°20.603, que introdujo el sistema de penas sustitutivas, tuvo como fundamento precisamente favorecer la reinserción y evitar la reincidencia delictiva. En ese sentido, argumenta que la rigidez del artículo 8°, letra a), de la Ley N°18.216 contradice el principio de proporcionalidad, al restringir la capacidad del juez para actuar con justicia según las circunstancias del caso.

El requirente cita fallos del Tribunal Constitucional (roles N° 3401, 2995, 3053, 3172, 3173, 3174, 3177, 3185, 3187 y 3198), en los que afirma se habría reconocido que la exclusión total de delitos de los beneficios de la Ley N°18.216 vulnera los estándares de racionalidad y justicia previstos en los artículos 19 N°3 y N°2 de la Carta Fundamental.

Finalmente, sostiene que la Magistratura Constitucional, en el ejercicio de su competencia, debe velar porque la aplicación de la ley no vulnere los límites impuestos por la Constitución, y que en este caso corresponde declarar inaplicable el precepto legal cuestionado por afectar los derechos a la igualdad ante la ley, a un proceso justo y al principio de proporcionalidad.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad, en la etapa de admisión a trámite, al constatar que la gestión judicial invocada en la impugnación no se encontraba pendiente.

La resolución de inadmisibilidad señala que, “Atendido lo previsto en la disposición constitucional, la “gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial” no debe haber concluido en su tramitación, siendo la acción de inaplicabilidad un medio de evitar la aplicación de normas legales específicas que pudieran contrariar la Constitución. Esta exigencia permite dimensionar los reales efectos que la aplicación del precepto pueda producir y se sigue de la naturaleza de una acción de control constitucional concreto de la ley”. De allí entonces, que la gestión en que incide el requerimiento debe encontrarse pendiente “de modo que una eventual sentencia que declare la inaplicabilidad pueda surtir efectos concretos”. Ocurre, sin embargo, que la Corte de Apelaciones de Temuco dictó sentencia confirmando el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, disponiéndose la devolución de la causa por lo que no existe gestión pendiente.

Vea texto de requerimiento, resolución de inadmisibilidad y expediente Rol N°16.917–2025–INA.