Corte Suprema confirma destitución de exfuncionario de SENAPRED por maltrato y acoso laboral

A continuación, recordó que el Estatuto Administrativo establece un plazo de prescripción de cuatro años para la acción disciplinaria, pero advirtió que, en la especie, la autoridad administrativa determinó que las conductas investigadas se extendieron hasta el año 2025, por lo que correspondía aplicar la regla de interrupción de la prescripción prevista en el artículo 159 de la Ley N°18.834. Asimismo, destacó que las conductas acreditadas correspondían a actos de maltrato y acoso laboral que vulneraban gravemente el principio de probidad administrativa, supuesto expresamente sancionado con la medida disciplinaria de destitución conforme a los artículos 84 letras l) y m), y 125 del Estatuto Administrativo.

El fallo agregó que la autoridad competente actuó dentro de las atribuciones que le confiere la ley, luego de un procedimiento disciplinario en el que el funcionario formuló descargos, fue asistido por abogado e interpuso los recursos administrativos correspondientes, sin advertirse ilegalidad o arbitrariedad en la tramitación del sumario.

La sentencia señaló que «el procedimiento administrativo disciplinario fue tramitado conforme a las normas legales aplicables, con pleno respeto al derecho a defensa del recurrente, en el que se analizó cada uno de los argumentos en que se fundó su defensa y recurso de reposición, sin que esta Corte pueda evidenciar que se haya producido ilegalidad o arbitrariedad alguna durante la tramitación del sumario administrativo».

Finalmente, el máximo Tribunal concluyó que la destitución constituía la sanción expresamente prevista por el legislador para infracciones graves al principio de probidad administrativa derivadas de actos de acoso laboral, descartando que la decisión impugnada fuera arbitraria o vulnerara las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique y rechazó el recurso de protección, confirmando la destitución del exfuncionario de SENAPRED.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del abogado integrante Valdivia, quien estuvo por acoger el recurso y retrotraer el procedimiento disciplinario al estado de emitir una nueva vista fiscal, al estimar que la autoridad no ponderó debidamente las circunstancias atenuantes invocadas por el funcionario al momento de imponer la sanción. El disidente sostuvo que el principio de proporcionalidad exige evaluar las circunstancias particulares del caso incluso cuando la ley contempla la destitución para determinadas infracciones, pues la jurisprudencia de la Contraloría General de la República reconoce que la autoridad disciplinaria puede, mediante un acto fundado, sustituirla por una sanción no expulsiva.

Agregó que ni la vista fiscal ni la resolución sancionatoria explicaron por qué se descartaban las atenuantes alegadas por el funcionario, omisión que, a su juicio, vulneró el deber de motivación de los actos administrativos previsto en la Ley N°19.880 e impedía controlar la racionalidad de la decisión sancionatoria.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°1580-2026 y Corte de Coyhaique Rol N°257-2025 (Protección).