Corte rechaza recurso contra desalojo de villas en Arica

Los reportes policiales y administrativos, junto con las actas levantadas por un ministro de fe, dieron cuenta de que el procedimiento concluyó a las 16:00 horas del mismo día. En esa jornada se concretó la recuperación y recepción por parte del SERVIU de las 220 viviendas contempladas en dicha fase.

La Corte precisó que el conflicto no correspondía a un simple litigio relacionado con el derecho de propiedad o la mera tenencia de bienes raíces, sino que se enmarcaba en una emergencia sanitaria de máxima gravedad declarada expresamente por el legislador.

El fallo recordó que entre 1984 y 1986 fueron depositadas en el sector más de 20.000 toneladas de residuos tóxicos, con elevadas concentraciones de arsénico, plomo y cadmio. Esa contaminación provocó una grave crisis de salud pública y motivó la dictación de la Ley Nº20.590, que estableció un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica.

La normativa, de orden público y cumplimiento obligatorio, dispuso como política estatal la relocalización definitiva de las familias originales y legítimas propietarias, con el objeto de proteger sus vidas. Para ello se contempló la entrega de subsidios habitacionales, sujeta a la obligación de transferir al SERVIU el dominio de las antiguas viviendas.

Una vez que los propietarios legítimos abandonaron el sector, el legislador estableció el destino que debían tener las construcciones emplazadas en terrenos contaminados. El artículo 38 del Reglamento de la Ley Nº20.590 impuso al SERVIU el deber de impedir que las viviendas desocupadas fueran reutilizadas, debiendo proceder a su inhabilitación, demolición o resguardo sanitario.

En este contexto, la Corte concluyó que la dictación y ejecución de la Resolución Exenta impugnada no respondió a una finalidad patrimonial, inmobiliaria ni caprichosa de recuperación de activos fiscales, sino al cumplimiento de un mandato legal imperativo vinculado con una situación extrema de salubridad pública.

La sentencia sostuvo que el conflicto jurídico real en Cerro Chuño no enfrentaba el derecho de propiedad del Estado con la vulnerabilidad de los ocupantes. Por el contrario, se trataba de la colisión entre el deber estatal de proteger la vida y la integridad física y psíquica, aseguradas en el artículo 19 N.º 1 de la Constitución, y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, reconocido en el numeral 8 de la misma disposición, frente a la insistencia de un grupo de personas en ocupar viviendas emplazadas en un terreno jurídicamente declarado inhabitable, peligroso y clausurado para el asentamiento humano, incluso con presencia de menores de edad.

El tribunal no advirtió ilegalidad ni arbitrariedad en la dictación de la Resolución Exenta por parte de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, ni en las labores de coordinación y auxilio de la fuerza pública realizadas por la XV Zona de Carabineros.

Por el contrario, concluyó que los organismos recurridos actuaron dentro del ejercicio estricto, legítimo y reglado de sus competencias, fundadas en la Constitución, la Ley Nº19.175 y el DFL Nº22, y dieron cumplimiento a un imperativo de orden público, medioambiental y sanitario establecido en la Ley Nº20.590.

La finalidad primordial de tales actuaciones, precisó el fallo, fue resguardar la vida y la integridad física y psíquica de las personas ante la exposición potencialmente letal a metales pesados.

La Corte destacó, además, que la ejecución material del desalojo se desarrolló sin el uso compulsivo de la fuerza y estuvo acompañada de un diseño de mitigación intersectorial que calificó como inédito. Estas circunstancias demostraron que el Estado no actuó de manera caprichosa, desproporcionada ni vulneratoria de los derechos humanos, sino conforme a estándares estrictos de razonabilidad.

En consecuencia, al no verificarse los presupuestos copulativos exigidos por el artículo 20 de la Constitución —la existencia de un acto ilegal o arbitrario y una afectación actual de garantías fundamentales que requiera tutela urgente—, el tribunal rechazó íntegramente la acción.

Rol Nº581-2026.