Corte Suprema ordena remover portones instalados sin autorización

A partir de ese marco normativo, el máximo Tribunal concluyó que la instalación de portones sin autorización cuestionada en el caso no satisfacía las exigencias legales para su funcionamiento. En efecto, destacó que la propia Municipalidad de Maipú reconoció que respecto de los cierres emplazados en los accesos utilizados por el recurrente no existía solicitud alguna de autorización o regularización y que, además, tales estructuras no podían regularizarse por incumplir los requisitos técnicos establecidos en la legislación y en la ordenanza comunal.

El fallo agregó que las razones de seguridad ciudadana invocadas por la Municipalidad y por la junta de vecinos no bastaban para justificar el cierre de bienes nacionales de uso público al margen del procedimiento previsto por la ley. En esa línea, precisó que la instalación de portones sin autorización constituye un acto de autotutela, pues implica que particulares alteren unilateralmente una situación jurídica preexistente mediante una vía de hecho, circunstancia que puede ser corregida a través de la acción de protección cuando afecta derechos fundamentales.

Sobre esa base, el máximo Tribunal estimó que la actuación de quienes instalaron las estructuras carecía de sustento legal y que la Municipalidad de Maipú incurrió en una omisión al abstenerse de ejercer las potestades fiscalizadoras que el ordenamiento jurídico le confiere. Al respecto, recordó que la Ley General de Urbanismo y Construcciones faculta expresamente al alcalde para ordenar la remoción o demolición de obras ejecutadas en bienes nacionales de uso público sin la correspondiente autorización administrativa, atribución que debía ejercerse frente a una situación como la examinada.

Asimismo, la Corte Suprema destacó que las estructuras de cierre permanecían cerradas precisamente durante el horario en que el recurrente regresaba a su domicilio después de sus tratamientos de hemodiálisis, impidiéndole acceder de manera expedita a su vivienda. Añadió que las inspecciones efectuadas por el municipio no podían reemplazar la exigencia legal de contar con una autorización administrativa previa ni justificar la permanencia de una situación irregular, pues ello implicaba mantener una vía de hecho que afectaba los derechos del actor.

Finalmente, el máximo Tribunal concluyó que la instalación de portones sin autorización, sumada a la falta de actuación de la Municipalidad frente a esa irregularidad, restringía el derecho del recurrente a acceder libremente a su domicilio y afectaba el ejercicio de su derecho de propiedad. Precisó, además, que dicho análisis debía circunscribirse únicamente a las estructuras que incidían directamente en el ingreso a la vivienda del actor, por ser las únicas respecto de las cuales se acreditó una afectación efectiva de sus derechos fundamentales.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema revocó la sentencia de alzada y acogió el recurso de protección, ordenando a la Municipalidad de Maipú dar estricto cumplimiento al artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y adoptar, dentro del plazo de treinta días corridos, las medidas necesarias para el cese y la remoción de las estructuras de cierre instaladas en los accesos al domicilio del recurrente sin la correspondiente autorización administrativa.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°53975-2025 y Corte de Santiago Rol N°10400-2025 (Protección).