TCP anula exclusión de oferta por formalismo excesivo

El Tribunal explicó que las bases no definieron qué debía entenderse por currículum vitae ni establecieron un formato o contenido mínimo para ese documento.

Tampoco exigieron que los currículums fueran presentados por separado o incorporados en una sección específica de Mercado Público bajo sanción de inadmisibilidad.

En consecuencia, el encabezado “Descripción equipo de trabajo”, el membrete corporativo y la ubicación del archivo en la sección correspondiente a los anexos administrativos no permitían desconocer su existencia ni privarlo de su contenido curricular.

La sentencia señaló que la comisión evaluadora confundió la eventual insuficiencia del contenido del documento con su inexistencia.

El informe se limitó a indicar que la demandante no había adjuntado los documentos de admisibilidad, sin dejar constancia de que el archivo hubiese sido revisado ni precisar cuáles exigencias de las bases se estimaban incumplidas.

El Tribunal agregó que la prueba testimonial confirmó que el documento existía y que fue descartado porque la comisión consideró que no reunía determinados contenidos.

Sin embargo, antecedentes como números telefónicos, correos electrónicos personales, fechas específicas o una determinada estructura curricular no habían sido exigidos en las bases.

La sentencia también examinó la capacitación del personal técnico impartida por el fabricante del sistema.

Sobre este punto, advirtió que las bases estaban redactadas de manera contradictoria, pues se referían al personal técnico del “adjudicatario”, pero al mismo tiempo señalaban que la capacitación y antigüedad de los técnicos serían evaluadas y recibirían puntaje.

Pese a ello, los criterios de evaluación no establecieron ningún subfactor, ponderación o mecanismo para asignar ese puntaje.

El fallo señaló que la comisión evaluadora no podía corregir esa deficiencia en perjuicio de los participantes, transformando posteriormente la capacitación del personal en una causal de inadmisibilidad.

Añadió que las contradicciones contenidas en bases elaboradas unilateralmente por la entidad licitante no pueden traducirse en exigencias imprevistas para los oferentes.

El Tribunal también sostuvo que la respuesta al reclamo administrativo no podía complementar retroactivamente la motivación del informe de evaluación ni sustituir la causal originalmente invocada.

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El control de legalidad debía recaer sobre los fundamentos expresados al momento de adoptar la decisión, sin que resultara admisible construir posteriormente una justificación distinta para mantener sus efectos.

Por estas razones, concluyó que la exclusión de la oferta vulneró los principios de estricta sujeción a las bases, libre concurrencia y no formalización, además del deber de fundamentar suficientemente la declaración de inadmisibilidad.

Sin embargo, el Tribunal rechazó el cuestionamiento relacionado con la omisión de solicitar la subsanación de los antecedentes.

Explicó que la normativa reconoce a la entidad licitante una facultad y no un deber incondicionado de permitir la corrección de cualquier insuficiencia advertida durante la evaluación.

En particular, permitir que después del cierre de las ofertas se incorporaran nuevas capacitaciones, experiencias o antecedentes profesionales podía significar una mejora sustantiva de la propuesta y afectar la igualdad entre los participantes.

No obstante, precisó que durante la nueva evaluación el Servicio podrá solicitar certificaciones emitidas por el fabricante, siempre que las bases hayan contemplado esa posibilidad y que los documentos hayan sido obtenidos antes del vencimiento del plazo para presentar las ofertas o se refieran a situaciones que no puedan modificarse posteriormente.

Esa solicitud solo podrá utilizarse para verificar la declaración ya contenida en la oferta técnica, sin permitir la sustitución del equipo propuesto ni la modificación de sus antecedentes.

Finalmente, el Tribunal declaró ilegales y arbitrarios el informe de evaluación y la resolución que declaró inadmisible la propuesta de la demandante y adjudicó la licitación.

Asimismo, dejó sin efecto ambos actos y ordenó retrotraer el procedimiento al estado anterior a la declaración de inadmisibilidad.

Durante la nueva evaluación, la propuesta de la demandante deberá ser considerada admisible y sometida a evaluación técnica y económica, con arreglo exclusivo a las exigencias y criterios expresamente establecidos en las bases.

Concluida esa etapa, el Servicio de Salud Araucanía Sur deberá emitir un nuevo informe debidamente fundado y dictar el acto administrativo terminal que corresponda conforme a sus resultados.

Véase sentencia Tribunal de Contratación Pública Rol N°63-2026-A.