TC descarta que prescripción de cuatro años contados desde la perpetración del acto produzca resultados contrarios a la Constitución

Luego refieren que la discusión sobre el alcance de la frase «contados desde la perpetración del acto» del artículo 2332 del Código Civil, apunta a un hecho material, al conocimiento del daño, que es una cuestión de interpretación legal que corresponde al «Juez del Fondo». Enfatizan que no es rol del Tribunal establecer una determinada interpretación legal y que, en cualquier caso, ninguna de las posibles lecturas de la norma resulta contraria a la Constitución ni a los tratados internacionales de derechos humanos invocados.

Además, independientemente de cómo se compute el plazo, el derecho de los requirentes a reclamar ante los tribunales los perjuicios ocasionados por la Administración del Estado, conforme al artículo 38 de la Carta Fundamental, siempre ha quedado «a salvo», ya que, el citado artículo 38 garantiza el acceso a los tribunales para reclamar por falta de servicio, como un derecho autónomo. Las reglas de prescripción solo regulan el ejercicio en el tiempo de ese derecho, pero no lo extinguen en su esencia. Por tanto, la discusión sobre si el plazo corre desde el hecho, desde el conocimiento del daño u otro momento, es una cuestión de interpretación legal que corresponde resolver a los jueces del fondo. Mientras exista alguna vía para accionar —aunque sujeta a límites temporales—, no se considera que el derecho haya sido suprimido, sino únicamente regulado.

Consideran que el procedimiento al cual están sujetos los requirentes cumple con la exigencia de un “procedimiento racional y justo” y con las garantías de la Convención Americana. Existió acceso a tribunales: los requirentes pudieron interponer su demanda, ejercer acciones y recursos, y someter el conflicto al conocimiento de jueces. Se respetó el contradictorio: ambas partes tuvieron la posibilidad de formular alegaciones, presentar pruebas y defender sus posiciones. Hubo decisión fundada por tribunales competentes: las resoluciones fueron dictadas por órganos jurisdiccionales dentro de sus atribuciones legales. Existieron vías recursivas: el sistema contempló mecanismos de revisión, como apelaciones, lo que satisface el estándar de doble instancia o control jurisdiccional. La prescripción es una regla legal válida: se entiende como una limitación legítima al ejercicio de acciones, reconocida tanto en el derecho interno como en el derecho internacional, en la medida que sea razonable y no suprima el derecho en su esencia.

Desde esta perspectiva, el tribunal concluye que no hubo indefensión ni privación arbitraria del derecho a accionar, sino el funcionamiento regular de un procedimiento que permitió ejercer derechos dentro de los márgenes legales, cumpliendo así con el estándar de debido proceso y de tutela judicial efectiva exigido por la Constitución y la Convención Americana.

Finalmente, tienen presente que los requirentes ya habían iniciado una demanda idéntica en 2020 dentro del plazo de cuatro años desde la perpetración del acto, juicio que terminó por abandono del procedimiento, lo que demuestra que «no sólo estuvieron en condiciones de accionar oportunamente dentro del plazo de cuatros años desde que tuvo lugar el hecho dañoso, sino que efectivamente lo hicieron dentro de ese plazo». Por lo tanto, la aplicación del artículo 2332 del Código Civil en este caso fue «respetuosa del derecho que el artículo 38 confiere a la requirente», permitiéndole acudir a la protección judicial en dos ocasiones, lo que asegura la protección de su dignidad e integridad.

Las ministras Marzi, Yáñez, Lagos y Precht fueron de opinión de acoger el requerimiento y declarar inaplicable el precepto legal objetado.

Destacan el contexto de los hechos, señalando que la demanda de indemnización de perjuicios se fundó en un ataque de agentes del Estado en contra de adolescentes mapuches, uno de los cuales resultó gravemente herido.

Refieren que esta situación de “vulnerabilidad extrema generada por la concurrencia de diversas ‘categorías sospechosas’ de discriminación en los requirentes, sumada a las barreras fácticas para una adecuada representación jurídica y al ejercicio abusivo de la fuerza policial, sitúa a las víctimas en una posición de asimetría que impone al Estado un deber reforzado de garantía”.

Consideran que la aplicación literal de la frase “contados desde la perpetración del acto”, contenida en el artículo 2332 del Código Civil, en el caso concreto, resulta “arbitraria y desproporcionada”. Argumentan que, durante una parte sustancial del plazo de prescripción, los requirentes se encontraban “material y jurídicamente impedidos de ejercer eficazmente la acción indemnizatoria”, tanto por el desconocimiento de la magnitud real del daño sufrido como por la falta de certeza respecto de la imputabilidad estatal, la que solo se consolidó con la dictación de la sentencia penal firme en 2019. Esto, a su juicio, torna “ilusorio el derecho de acceso a la justicia”.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la disidencia sostuvo que el Estado de Chile tiene el deber de garantizar la reparación integral de las víctimas, especialmente en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales. En este sentido, hicieron referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige la adopción de “medidas especiales para proteger” a niños, niñas y adolescentes indígenas. Subrayaron que “el Estado de Chile se encuentra en el deber de garantizar a las víctimas de los hechos materia de autos una compensación patrimonial justa y equitativa, asegurando el pleno ejercicio de su derecho a una reparación integral”.

Finalmente, las ministras disidentes argumentaron que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha evolucionado en el sentido de prohibir la aplicación de normas internas de prescripción cuando estas obstaculizan la investigación, sanción y reparación de graves violaciones a los derechos humanos. Citaron jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los casos “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, “Favela Nova Brasília vs. Brasil” y “Vega González y otro vs. Chile”, para afirmar que “las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales adquieren dicha categorización de inoponibilidad a la prescripción por su nivel intrínseco de repudio y afectación al derecho internacional”.

Concluyeron que “la normativa interna no puede ser aplicada de forma que produzca impunidad”, especialmente cuando el ofensor es un agente estatal y la víctima pertenece a categorías de especial protección.

Vea sentencia Tribunal Constitucional Rol N°16.230-25 INA y expediente.